El Juzgado Primero Promiscuo Municipal amparó los derechos al buen nombre y la honra de Diego Fernando García Sepúlveda y ordenó eliminar publicaciones en redes sociales. La decisión se conoce en medio de denuncias por amenazas, intimidaciones y enfrentamientos entre distintos actores del municipio.
La creciente confrontación política y social que desde hace meses se refleja en redes sociales y espacios públicos de Chinchiná llegó a los estrados judiciales. El juez amparó los derechos fundamentales al buen nombre y la honra del denunciante, dentro de una acción de tutela interpuesta contra el abogado Adolfo Enrique Tovar López.
Esta situación habría hecho implosión tras los bloqueos de hace dos semanas contra los peajes del Eje Cafetero, que llevó a enfrentamientos verbales e intentos de agresiones físicas, en los que estuvieron involucrados actores políticos de distintas corrientes.
La sentencia, emitida el 28 de mayo de 2026, concluyó que el accionado hizo publicaciones en redes sociales que asociaban al accionante con conductas relacionadas con criminalidad, amenazas y peligrosidad sin que existiera soporte objetivo verificable para sustentar tales afirmaciones.
Como consecuencia del fallo, el despacho ordenó eliminar en un plazo máximo de 24 horas todas las publicaciones y comentarios realizados en Facebook o cualquier otra red social que hagan referencia a García Sepúlveda, identificado también en distintos escenarios sociales con los sobrenombres de Pato o Boquepato.
Asimismo, el accionado deberá publicar una rectificación por los mismos medios en los que fueron difundidas las publicaciones cuestionadas, aclarando que las afirmaciones realizadas no corresponden a información judicial o policial verificada.
La decisión también le prohíbe hacer nuevas publicaciones en las que atribuya a la accionante conducta relacionadas con narcotráfico, almacenamiento de drogas, hurto de vehículos, pertenencia a organizaciones criminales, amenazas, terrorismo u otros delitos mientras no exista evidencia objetiva y verificable que respalde dichas afirmaciones. El incumplimiento podría derivar en un incidente de desacato.
Durante el trámite constitucional terminaron vinculadas la plataforma Facebook y la empresa Meta. Sin embargo, el juzgado resolvió desvincularlas al considerar que no se acreditó una vulneración de derechos atribuible a estas compañías.
Ambiente de confrontación
El fallo se conoce en un momento de creciente tensión en el municipio, especialmente alrededor de los debates relacionados con las protestas por los peajes y las discusiones políticas que se han trasladado a las redes sociales.
En los últimos meses, concejales han denunciado hechos que consideran intimidatorios. Uno de ellos fue el concejal David Quintero, del movimiento Gente en Movimiento, quien hizo públicas situaciones que, según manifestó, generaron preocupación en su entorno familiar.
Más recientemente, el concejal liberal Felipe Jaramillo denunció que frente a su residencia se habrían efectuado disparos durante la noche del lunes 1 de junio, situación que, según indicó, afectó la tranquilidad de su familia y vecinos. Anunció que solicitará medidas de protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía Nacional.
Otros actores públicos han denunciado situaciones de hostigamiento. Entre ellos está el comunicador César Marín, quien informó haber puesto en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección y de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presuntas amenazas dirigidas contra él y su hijo menor de edad.
Llamado a la prudencia
Aunque las denuncias han generado preocupación entre distintos sectores de la comunidad, autoridades locales han señalado que lo hechos difundidos públicamente aún no cuentan con denuncias formales o procesos judiciales concluidos que permitan establecer responsabilidades.
En su sentencia, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal hizo énfasis en la necesidad de ejercer un uso responsable de las redes sociales y evitar afirmaciones que puedan afectar la reputación de terceros sin respaldo verificable, una reflexión que cobra relevancia en medio del ambiente de polarización que actualmente vive Chinchiná.
A sentar un precedente
García Sepúlveda, líder social y de transportadores de Chinchiná, manifestó que cansado de los ataques del abogado, optó por acudir a las autoridades, con lo que espera que se ponga un freno a los ataques sin argumentos.
Pide que el señalado se retracte, seguirá con este hasta las últimas instancias y confía en que se tomen las medidas necesarias para que cesen los ataques de los que ha sido víctima.
Frente a los ataques que Tovar denuncia, manifestó que no tiene ninguna relación con esos hechos, y si tiene cómo demostrar su participación, que acuda a los entes judiciales. Puntualizó que como líder busca soluciones para quienes deben pagar tantos peajes, y lamentó que la discusión se haya convertido en algo político.
Denuncia ataques constantes
Adolfo Tovar, el denunciado, respondió que el demandante hizo incurrir en un error a la juez, a quien señala de no percatarse de que un audio usado como prueba en su contra estaba alterado, y dijo que está dispuesto a entregar su tarjeta de abogado en caso de que se demuestre una falsedad.
Sentenció que estaba dispuesto a impugnar y de perder, no aceptaría el arresto y se declararía en desobediencia civil. Así mismo, dijo que en las manifestaciones para que se quitaran los peajes, sí hubo encapuchados y eso fue lo que le molestó a García Sepúlveda.
Tovar añadió que cuenta con mensajes amenazantes que recibió del líder, e hizo sus denuncias de forma social, porque desconfía de la justicia, dado que le suelen archivar los procesos.
A eso, tal como mostró en videos, se suman ataques constantes con pólvora a las afueras de su vivienda. Pese a que tiene allí animales rescatados, no le respetan ni esa condición, pero tampoco ha habido respuesta de las autoridades ante esos ataques.
El abogado puntualizó que tiene en su poder el material de las intimidaciones hechas por otras personas que lo señalaron, tras denunciar los bloqueos durante las protestas contra los peajes, y aseguró que nunca fue violento en sus reclamos.
Situación política caldea los ánimos
Juan Camilo Arroyave Ocampo, profesor del programa de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Manizales, sostuvo que ante la actual contienda electoral, los ánimos se han caldeado y hay sensibilidad frente al tema.
Indicó que ante los eventos electorales, los grupos políticos tienden a alterarse y generar discusiones y confrontaciones, pero es importante hacer un llamado a la calma, por lo que las figuras deben dar ejemplo, y los debates y discusiones deben ser con altura, sin señalamientos ni descalificaciones.
"Los actores políticos deben saber que el ordenamiento jurídico tiene espacios para denuncias y no debe dejarse para redes sociales. Incluso las redes establecen limitaciones o controles par que su uso no se convierta en una instrumentalización", añadió Arroyave Ocampo.
Así mismo, recordó que el ciudadano debe saber que señalar a otro por un delito, es una práctica que está contemplada en el Código Penal tipificado como injuria y calumnia, por lo que reiteró el llamado a la cordura y el respeto, y actuar con evidencias ante las autoridades.
Investigan en la Fiscalía
LA PATRIA se comunicó con la Policía de Caldas, para saber qué acciones se han adelantado frente a las denuncias hechas, pero respondió que estos casos están en manos de la Fiscalía.
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