En la Rama Judicial se aprecian 90 actuaciones sobre el proceso judicial que se lleva a cabo contra seis funcionarios de la Fiscalía de Caldas y un civil, por concusión y falsedad en documento público.
En el 2011 habría ocurrido todo, cuando le exigieron supuestamente $530 millones a un comerciante manizaleño, con el pretexto de borrarle una investigación que había en su contra por narcotráfico y lavado de activos, lo que terminó siendo un invento de los señalados.
Pero ya son 15 años de la ocurrencia de los hechos y la justicia avanza a paso lento. Tan solo el 31 de mayo del 2018 les imputaron cargos, les otorgaron la detención domiciliaria, y mes y medio después quedaron libres.
Desde entonces, los aplazamientos y decisiones de segunda instancia se tomaron el proceso. El 6 de junio del 2019 se iba a llevar la audiencia preparatoria y los aplazamientos se convirtieron en pan de cada día, hasta que se cumplió el 11 de diciembre del 2024, ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Manizales.
En julio del 2025 debería arrancar el juicio oral. Otra vez se debió mover la fecha por distintas peticiones y en enero del 2026 se presentaron la teoría del caso y las estipulaciones. El 13 de abril se presentaron los primeros testigos y se espera que en octubre finalice el proceso.
Persiguieron e intimidaron a la familia
Según la Fiscalía, a mediados del 2011, los agentes del CTI empezaron a hacer exigencias económicas a un comerciante, quienes lo amedrentaron y le hicieron creer que la investigación en su contra era grave e iba muy avanzada. Estos además empezaron a intimidar y hacer seguimientos a la familia de la víctima.
Hasta un parqueadero, donde el ciudadano guardaba sus carros y a otros negocios, llegaban los sujetos preguntando por él, sobre sus propiedades. Incluso contactaron a su exesposa y a un amigo de crianza, hasta que dieron con él y lo citaron a la sede de la Fiscalía, pero no debía llevar abogado.
Al llegar, un funcionario lo atendió y lo regañó por haber ido con su defensor. Luego lo llevó a otro piso, le hizo preguntas por su cambio de apellido, procedencia del dinero que ganaba, pero de eso no quedó ningún registro en documentos oficiales.
Días después, un supuesto amigo de la hermana lo buscó, se encontraron en Sancancio y le dijo que conocía sobre la investigación. Por eso, lo contactaría con gente del ente acusador que agilizaría el proceso y solo debía darle un dinero.
La tranquilidad le costaba $530 millones
Tras volverlo a citar, le pidieron que llevara $30 millones, pero el comerciante dijo que no contaba con todo eso, solo con $10 millones que utilizaría para comprarle llantas a una tractomula.
Se encontró posteriormente con un investigador, a quien le entregó el dinero que llevaba. El sujeto le indicó que su tranquilidad costaba $500 millones, mientras que $30 millones serían para el particular.
Desde entonces, las llamadas se volvieron continuas, le decían que la colmena estaba alborotada, para darle a entender que debía pasarles más plata. También le ordenaron que "calmara" a su abogado porque estaba preguntando muchas cosas.
Al saber que la víctima no aflojaba, uno de los hoy señalados acudió a la oficina del representante del comerciante y le indicó que en su contra no existía ninguna investigación, e iban a dejar las cosas así.
Esto no quiere decir que los señalados sean culpables, solo que en su contra se adelanta un proceso judicial y será un juez de la República quien determine si los declara responsables o los absuelve.
Un informe inventado
La Fiscalía narró que el 15 de junio del 2011, uno de los funcionarios investigados rindió un informe y expuso que por un escrito anónimo se supo de las actividades delictivas de la víctima y su madre, quienes se estaban enriqueciendo y obteniendo fincas y vehículos. Sin embargo, se estableció que las visitas a empresas, inmuebles y a familiares fueron antes de que se presentara dicho documento.
¿A qué se enfrentan?
Los funcionarios deben responder como coautores por concusión, que da penas de 6 a 10 años de prisión, y falsedad ideológica en documento público, de 4 a 8 años. Estas conductas son agravadas, dado que fueron en actuaciones judiciales por narcotráfico y lavado de activos, aprovecharon su cargo y obraron en coparticipación criminal.
El civil debe responder por concusión como partícipe en grado de interviniente, también agravado.
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