La Corte Suprema de Justicia inadmitió el mes pasado la demanda de casación que presentó la defensa del abogado Fabián Alberto Montoya Calderón y así quedó en firme la condena que se emitió contra este profesional del derecho por fraude procesal y estafa agravada.

En primera instancia lo sentenció el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Armenia, a 20 años de prisión. Apeló y el Tribunal de esa capital confirmó la responsabilidad en el 2023, pero modificó la pena y la dejó en 15 años y 2 meses.

¿Qué hizo?

• -Según el expediente, entre el 2011 y el 2014, ante el Instituto de Seguros Sociales (ISS) - actual Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), dos abogados, entre estos Fabián Alberto, actuaron como apoderados de varios ciudadanos para el reconocimiento de la pensión de invalidez.
• -"Como parte de la documentación, los profesionales aportaron dictámenes aparentemente emitidos por las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez de Quindío, Risaralda y Caldas. Eran falsos, pues los distintivos de identificación correspondían a personas diferentes a las presentadas como reclamantes.
• Pese a ello, los abogados lograron el reconocimiento de pensiones por invalidez y, por consiguiente, el pago de retroactivos y mesadas pensionales, en detrimento del patrimonio del ISS y Colpensiones", explica el proceso.
• -En el caso de Montoya Calderón, promovió 52 reclamaciones fraudulentas. El valor total ascendió a $2.843 millones 301 mil 699, según indicó el fiscal en la formulación de imputación. Para el otro abogado ya precluyó el proceso por prescripción de la acción penal.
• -En noviembre del 2023, la Fiscalía ocupó, con fines de un proceso de extinción de dominio, bienes en Pereira y Caicedonia, por unos $1.000 millones, al parecer pertenecientes al abogado condenado. Precisamente en su decisión, la Corte Suprema expresó que desde la imputación el ente acusador precisó que la defraudación ascendió a $2.843 millones.
• -"Dada esa información, la Sala estima imperioso compulsar copias con destino a la Fiscalía, para que determine si hay lugar a promover la acción de extinción de dominio de los dineros públicos indebidamente desembolsados, con fundamento en las 52 solicitudes de pensión de invalidez presentadas por el abogado con base en dictámenes falsos.

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