La Dijín y la Fiscalía General de la Nación propinaron un contundente golpe a las estructuras criminales dedicadas al fraude electrónico, durante una operación simultánea llevada a cabo en las ciudades de Medellín, Barranquilla y Montería, donde se realizaron dos diligencias de registro y allanamiento y se hicieron efectivas 11 órdenes de captura por orden judicial.
Son personas sindicadas por el presunto robo de $3.000 millones que habían sido destinados a las familias más vulnerables de Colombia.
De acuerdo con la investigación, esta organización criminal se especializaba en la suplantación de identidades y de puestos de cobro, para apropiarse ilegalmente de los recursos del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), los cuales estaban estrictamente destinados a mitigar la pobreza de familias en situación de alta vulnerabilidad.
El desvío ilícito de estos fondos estatales supera los $3.000 millones , afectando directamente las arcas de los programas sociales. Para lograr el cometido la organización delincuencial suplantaba las huellas dactilares de las víctimas.
Los peritos judiciales, mediante minuciosos cotejos dactiloscópicos, lograron evidenciar que la red accedía de forma ilegal al software diseñado para enrolar las huellas de los beneficiarios legítimos, con el fin de modificar las mismas, por las del cabecilla de la organización y las de sus cómplices y así realizar los cobros fraudulentos.
Se trata de una investigación que duró un año en la cual investigadores del Área Anticorrupción de la Dijín recopilaron desde el 2023 a la fecha suficiente material probatorio, con el que fue posible llegar a este resultado.
Fue la red multiservicios de giros quien denunció inicialmente ante la Fiscalía de las ilegalidades presentadas en varios de sus puntos de pago. Fueron varias auditorias internas que dieron fundamento para identificar la modalidad delictiva de la organización criminal.
Identificados
Los investigadores lograron identificar a alias Yeimar como presunto cabecilla y a sus integrantes quienes tenían roles criminales específicos dentro de la organización (reclutadores, cobradores y suplantadores).
Habían empezado a cobrar fraudulentamente los subsidios en la ciudad de Medellin y municipios del departamento de Antioquia, pero decidieron expandir su red criminal hacia las ciudades de Ibagué (Tolima), Monteria (Córdoba) y Barranquilla (Atlántico), donde buscaron lugares específicos para realizar falsificación de documentos de identidad, acceder abusivamente a los sistemas informáticos y captar colaboradores para realizar los cobros.
“Se pudo establecer que el dinero desviado correspondía a los subsidios de los programas estatales Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y la Unidad para las Víctimas Desplazadas por la Violencia, identificando 334 víctimas a nivel nacional, 49 denuncias penales y 69 quejas ante la red multiservicios.
La investigación continua con la búsqueda de más integrantes y colaboradores de la organización criminal, entre estos, posibles funcionarios públicos quienes habrían entregado información privilegiada a la estructura criminal", afirmó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, Director de Investigación Criminal e Interpol.
Durante los allanamientos encontraron e incautaron 9 computadores, 8 terminales telefónicas y 3 discos duros que serán sometidos a pruebas forenses para extraer información; también fueron halladas maquinas laminadoras, lectores biométricos, lectores de códigos de barras e insumos para la presunta creación ilícita de cedulas de ciudadanía.
Las 11 personas detenidas y los elementos materiales probatorios incautados durante los allanamientos fueron presentados en audiencia pública ante un Juez de Control de Garantías quien dio legalidad a sus capturas y la Fiscalía General de la Nación les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, abuso de confianza calificado y falsedad personal.
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