4 mil cajas de guantes de látex permanecen desde el 2020 en la zona franca de Bogotá, elementos que debían llegar al Hospital San Isidro, de Manizales, en medio de la pandemia de la covid-19.
Para completar, por estos y otros insumos se pagaron $130 millones. Sin embargo, la Fiscalía indicó que dicha transacción nunca llegó a la empresa contratista, por lo que señalan como máximo responsable a Iván Fernando Abasalo Guerrero, exgerente de la entidad.
Luego de la denuncia e inicio de la investigación en el 2021, el 18 de diciembre del 2025 se llevó a cabo la imputación de cargos ante el Juzgado Quinto Penal Municipal de Control de Garantías, tras repetidos aplazamientos solicitados por la defensa, ante el estado de salud del funcionario.
Sin embargo, la audiencia se hizo y el abogado pidió la nulidad, al considerar que se violaron los derechos a la dignidad humana e imparcialidad, y pidió que fuera la jurisdicción indígena que lo juzgara, porque Abasolo Guerrero pertenece a una de estas parcialidades.
La petición se llevó a cabo ante el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales. Allí también criticó que supuestamente el representante del ente acusador estuviera de vacaciones en la imputación.
Fiscal rechaza aplazamientos
Tras tomar la palabra, el fiscal indicó que es necesario proteger los derechos de las víctimas, en este caso de la administración pública, y los aplazamientos fueron constantes, hasta con una historia clínica que expuso el defensor.
Esa misma, sostuvo el funcionario, se consultó y la médica encargada explicó que Abasolo Guerrero no tenía problemas para escuchar y entender los términos de la imputación.
Añadió que el estrés y la preocupación son normales en cualquier persona que se enfrente a un llamado de la justicia. También manifestó que no estaba de vacaciones porque su descanso se da en medio de la vacancia judicial, que acoge a los funcionarios de la Rama Judicial.
Frente a la solicitud de que fuera la jurisdicción indígena, la que juzgara al señalado. El fiscal explicó que fue la población en general la que se vio afectada por este presunto acto de corrupción, no se presentó en un resguardo y por ende, se debía dar legalidad a la imputación de cargos.
La juez ordenó suspender la audiencia para estudiar las pruebas y analizar la incapacidad otorgada a Abasolo Guerrero, por lo que la decisión se tomará el próximo viernes.
Guantes archivados
El objeto del contrato, de diciembre del 2020, era proveer a San Isidro con elementos de protección personal, según se publicó en el Secop (plataforma de contratación pública). De $130 millones que costaba, se hizo un pago de $126 millones 269 mil, tras restar la Retefuente.
Todo parecía marchar de manera correcta, pero según la Fiscalía, el contratista nunca recibió ese dinero y en el comprobante de egresos está consignada la salida de ese dinero. Los guantes tampoco se recibieron y se suponía que era un pago contraentrega.
¿A qué se enfrenta?
Abasolo Guerrero, nombrado en abril del 2020 como gerente, era el ordenador del gasto y representaba al Hospital. Por eso, enfrenta cargos por falsedad ideológica en documento público y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por lo que enfrentaría una pena de prisión de hasta 18 años.
Este proceso no quiere decir que el señalado sea culpable, solo que en su contra se lleva a cabo una investigación y será un juez de la República quien determine su responsabilidad.
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