El señalado del hurto habría aprovechado el descuido de los funcionarios para hurtar elementos de ocho computadores.

Foto | LA PATRIA

El señalado del hurto habría aprovechado el descuido de los funcionarios para hurtar elementos de ocho computadores.

Funcionarios de la Secretaría de Educación de la Gobernación de Caldas llegaron en la mañana del 20 de abril del 2006 a prender unos computadores, pero les sorprendió que estos no funcionaran.

Al destaparlos, se dieron cuenta de que faltaban piezas como discos duros, memorias RAM y procesadores en un total de 8 equipos, por un valor de $10 millones, con información de relevancia avaluada en $1.000 millones.

Los empleados le avisaron al CTI, cuyos agentes arribaron a la oficina ubicada en el cuarto piso de la Gobernación y tras entrevistar a los testigos, estos les aseguraron que la noche anterior, habían visto a un sujeto merodeando por el lugar, quien salió con una bolsa.

 

Proceso continuará en un año

Lo identificaron como Chalarca, reconocido por arreglar computadores en el Centro de Manizales. Uno aseguró que lo vio llegar y preguntar por un ingeniero, y luego se dedicó a dar vueltas por el sitio. También lo tenían referenciado como alguien que no generaba confianza.

Los investigadores iniciaron labores de rastreo y llegaron hasta unas residencias. Su administrador dijo conocerlo porque también lo había engañado con la supuesta reparación de computadores, les dio los datos y así lograron identificarlo.

En la Rama Judicial le aparecían dos anotaciones por abuso de confianza. Cuatro días después dieron con su paradero y luego de preguntarle, confesó que había entregado los equipos a otra persona en el Centro de Manizales.

Hasta allí llegaron los policías judiciales y el propietario aseguró que Chalarca le había vendido los elementos. Lograron incautar algunos, pero otros ya se habían vendido a otras personas.

Esta versión se recogió de dos testigos citados por la Fiscalía durante el juicio que se lleva a cabo ante el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Manizales, que arrancó en febrero de este año.

 

Superará los 20 años

El proceso superará los 20 años, debido a que una persona se niega a testificar y se ordenó su traslado a la sala de audiencias. El 20 de noviembre del 2026 continuará.

 


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