Una hipoteca por $6 millones terminó con una pareja en la cárcel, un ciudadano víctima de secuestro y hurto y otras personas en la mira de las autoridades. La historia ocurrió en Salamina (Caldas) en julio del 2025.
Róbinson Alirio Lora Martínez, encerrado en la cárcel señalado de acceso carnal violento y violencia intrafamiliar, le adeudaba $6 millones en una hipoteca a un ciudadano.
Con el objetivo de no pagar, envió a su pareja sentimental, Andrea Katherine Vargas Castañeda, de 30 años, natural de La Merced, a la finca La Rivera, de la vereda Calentaderos.
Ella, con 4 sujetos, llegó al predio a intimidar al ciudadano. A las 5:30 de la tarde le indicaron al señor, amenazándolo con arma de fuego, que debía olvidar la deuda de Róbinson e ir a la notaría a hacer esa vuelta.
El ciudadano se opuso a entregar la escritura y al pedido de los visitantes, por lo que lo encerraron en una habitación de la finca y lo tuvieron bajo custodia. Registraron toda la vivienda hasta hallar la escritura, dos relojes antiguos avaluados en $1 millón 500 mil y dos tarjetas SIM.
La mujer le advirtió de nuevo que debía ir a la notaría. A las 8:30 de la noche el plagiado pudo liberarse.
El 2 de agosto siguiente, la mujer se encontró a la víctima en el parque de Salamina y obligó al señor a ir a la notaría, con ayuda de terceros.
Proceso
Finalmente la Fiscalía logró vincular a este proceso a Andrea Katherine y Róbinson Alirio, pues todo obedeció a un plan criminal en el que el sujeto dio órdenes desde la cárcel. Se trata de un secuestro simple, hurto calificado y agravado y extorsión agravada tentada.
La semana pasada, el ente acusador, en audiencia en la que estuvo LA PATRIA, le narró al juez que la mujer preacordaría pena y el sujeto aceptaría cargos.
Para ella se plantea una de 57 meses de prisión y 1.512 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa. Le dan la domiciliaria porque sus hijos menores de edad están al cuidado de la abuela. La Comisaría de Familia de La Merced adelantó un estudio socio-familiar para ello. Él aceptó los mismos delitos y será el juez en su sentencia quien defina montes de pena y multa. Se explicó que en este caso la víctima tuvo reparación económica ($2 millones).
El juez evaluará el material probatorio aportado para verificar la legalidad del preacuerdo y de la aceptación de cargos. Así que aún esta pareja se presume inocente hasta que el juzgador dé el aval.
Se busca la vinculación de otros actores para que respondan por su participación.
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