La Fiscalía General de la Nación les impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio a 23 propiedades que pertenecen a cuatro implicados en el sonado caso de corrupción de Centros Poblados y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

En el escándalo, que se suscitó durante la presidencia de Iván Duque, Karen Abudinen lideraba la cartera del Mintic. Se estima que se desviaron recursos por $70 mil millones.

Este contrato consistía en la dotación de Internet para escuelas rurales en distintas regiones del país. Las propiedades intervenidas suman $65.900 millones y se habrían obtenido con el dinero hurtado, y se trata de predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y activos societarios.

Vinculados a pérdida de recursos

Pertenecerían a Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres y familiares de estos. Están ubicados en Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño.

"Habrían sido adquiridos con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas descubiertas en el proceso de contratación y del anticipo recibido de manera irregular por la Unión Temporal Centros Poblados", argumentó la Fiscalía.

Así mismo, informó el ente acusador, en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, se aplicó medida cautelar a un inmueble de Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.

Con estas determinaciones se pretende proteger y recuperar los dineros públicos desviados. El proyecto tenía como objetivo la instalación de 7.277 centros digialtes en 16 departamentos.

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