Gustavo Petro, presidente de Colombia, dirigió nuevamente su visual al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Lo hizo en el último consejo de ministros, dado la noche del 16 de marzo en Bogotá. Allí pidió liquidar las Entidades Promotoras de Salud (EPS) quebradas.

El mandatario dijo que a esto se llegaba, porque el Congreso de la República no había aprobado la reforma a la salud que incluía un salvavidas a estas empresas. En su intervención, fue enfático en decir que el Gobierno nacional no iba a pagar la deuda de las EPS que actualmente asciende a $50 billones.

Su petición estará a cargo de Guillermo Jaramillo, ministro de Salud; y de Germán Ávila, que dirige hoy el Ministerio de Hacienda. Esto les dijo: "Todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, ya no tenemos alternativas".

Se conoció que el Gobierno nacional va a presentar nuevamente el proyecto de reforma a la salud. LA PATRIA supo que lo hará el 20 de julio de 2026. Ocurrirá, de igual modo, con la reforma tributaria.

Petro explicó que "la decisión de liquidar las EPS quebradas tenía su origen en una providencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, que suspendió -de manera provisional- el Decreto 0182 de 2026", que buscaba una reorganización del sistema.

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Con lupa caldense

Para José Norman Salazar, director del Centro Nacional de Derecho Médico, esta orden presidencial es la crónica de una transformación anunciada. Según el médico y abogado, el modelo de aseguramiento nacido con la Ley 100 está siendo desmantelado para dar paso a las gestoras de salud y vida.

Él aseguró que el camino para este fin está empedrado de deudas ocultas y desbalances técnicos que ponen en riesgo la atención de millones de ciudadanos.

Salazar advirtió que uno de los puntos más polémicos en el debate público es si el Estado le debe o no dinero a las EPS. Señaló que la crisis no es por falta de giro, sino por insuficiencia del monto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

“El Estado, a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), está al día en el pago de toda la plata a las EPS, cien por ciento”, explicó Salazar.

No obstante, el experto aclaró que estar al día no significa que el recurso sea suficiente para cubrir la demanda de servicios de una población que envejece y requiere tecnologías más costosas.

“La plata del sistema de salud no alcanza. Siempre se ha dicho que por cada 100 pesos que debe utilizar la EPS para la atención de los usuarios, el sistema se está gastando en este momento cerca de 112 pesos. Hay un déficit operativo estructural que ninguna buena administración puede ignorar”, sentenció.

De acuerdo con Salazar, este cálculo ha sido errático desde 2016, pero alcanzó su punto crítico el año pasado, debido a la falta de transparencia en los datos reportados por las propias entidades.

“La Nueva EPS, por ejemplo, no ha pasado información de cuál es la siniestralidad, o sea, cuánta plata se está gastando con los pacientes más catastróficos. Esta falta de información técnica ha hecho que la UPC sea totalmente insuficiente y eso se refleja en la cartera que tienen las IPS y las clínicas. Sencillamente a las EPS no les alcanza la plata para pagar lo que deben”, detalló.

Esta debilidad informativa, según Salazar, ha impedido que el Ministerio de Salud y Protección Social ajuste los valores de acuerdo con la realidad del gasto médico actual, creando un círculo vicioso donde el presupuesto se queda corto frente a una realidad clínica que las entidades no terminan de reportar con exactitud.

Hoy el hallazgo más grave mencionado por Salazar tiene que ver con la contabilidad de la Nueva EPS, la entidad que -paradójicamente- el Gobierno nacional pretende usar como eje de su nuevo modelo.

“El tema de la falta de información de la EPS viene desde el año 2019, donde hicieron una estrategia totalmente lesiva para el sistema: la facturación la represaron y no la visibilizaron en los estados financieros del 2019 al 2022”, denunció Salazar.

El impacto contable es devastador para la red hospitalaria y en Caldas los tiene mal. Según el experto: “En el 2023 se descubrió que había más de seis millones de facturas que no estaban en el sistema contable. Ese montón de facturas era lo que generaba la cartera de las clínicas y hospitales y, adicionalmente, un hueco de $6 billones que nadie sabe cómo se va a tapar”.

La orden de liquidar las EPS en quiebra, que en el país podrían ser entre 11 y 12), plantea -según Salazar- un reto logístico que, de no manejarse con precisión quirúrgica, podría terminar en un desastre sanitario. El traslado de millones de usuarios hacia las pocas EPS que aún mantienen indicadores saludables podría asfixiarlas.

“Es muy distinto cómo el sistema amortigua pequeños cambios de afiliación de una EPS a otra, a que le lleguen masivamente cerca de 50 mil, 100 mil o 500 mil usuarios de una EPS liquidada a otra. Ahí es donde fundamentalmente debemos tener cuidado y estar alertas, porque es la consecuencia directa de cualquier liquidación: el riesgo de contagio financiero a las entidades sanas”, concluyó.

* Con información de www.presidencia.gov.co

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