LA PATRIA | MANIZALES

El grupo Keralty, que respalda a Sanitas, rechazó -mediante un comunicado a la opinión pública- la intervención que le hizo la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) a la EPS. Calificó de arbitraria la medida administrativa del organismo de control. La considera improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria.

"La situación de sostenibilidad financiera de la EPS es provocada, en gran medida, por el mismo Gobierno al no hacer los análisis responsables en temas como la insuficiencia de la UPC (Unidad de Pago por Capitación), la concentración de riesgo por afiliado y el no reconocimiento de la deuda acumulada".

La Supersalud intervino el martes a la aseguradora, por considerar que hacía un manejo inadecuado de recursos y patrimonio.

Keralty subrayó que dichas problemáticas fueron alertadas oportunamente y en múltiples escenarios frente al Ministerio de Salud y Protección Social, la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud (ADRES) y otras instituciones.

"Los indicadores de quejas a que hace referencia el acto administrativo de intervención, reflejan un análisis parcializado que no corresponde a la realidad del servicio. Se afirma que el promedio de quejas de Sanitas durante el 2023 'supera significativamente el promedio nacional', cuando el indicador es similar a la media del sector".

Al cierre de esta edición, el grupo analiza las acciones por tomar para evitar los efectos negativos de la medida.

A su cargo

Keralty subrayó que la intervención puede comprometer la prestación del servicio. La EPS tiene 5,8 millones de afiliados en el país. En Caldas, son 40 mil 118 del contributivo y 13 mil 707 del subsidiado, según la Dirección Territorial de Salud.

Bajo la lupa*

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal. Eso por presuntas irregularidades en la intervención a Sanitas; así como en la designación de Dúver Vargas, como agente interventor. Se conoció que eso tiene origen en una queja instaurada en contra de la Superintendencia, por una aparente falsa motivación que reposa en la resolución que ordenó la intervención.

* Con información de www.procuraduria.gov.co