Marilyn Osorio, desde Manizales, teme por los efectos del Decreto 0182 del 2026, con el que se quiere reconfigurar el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por este, en algunos departamentos y ciudades del país, Sanitas -su aseguradora- desaparecería y la población quedaría a cargo de Nueva EPS.

Sobre este decreto avanza una medida de suspensión temporal, nacida desde Antioquia. En la capital de Caldas se radicó hoy otra acción popular para frenarlo, en la que aparece como demandante Olga Piedad Cárdenas Patiño, líder en salud.

Osorio le refirió a LA PATRIA que se sentiría "profundamente afectada" por esta normativa que la dejaría en una entidad, cuyos prestadores, no le cumplen a sus usuarios. Advierte que, en dos años y medio, Sanitas le ha prestado un buen servicio, con la entrega puntual de los fármacos que requiere para su cuadro mixto de ansiedad y depresión.

"No sé si podré seguir contando con mis medicamentos ni si realmente se me garantizará el acceso a los especialistas a los que debo asistir", mencionó Osorio, estudiante universitaria de 22 años.

Ella, además, tiene problemas tiroideos por los que necesita un abordaje continuo. Subrayó que, para ella, "los medicamentos y la atención no son un lujo, sino una necesidad fundamental para mantener su estabilidad" y calidad de vida.

"En ámbitos de la atención, como el acceso a especialistas y controles médicos, me he sentido bien atendida y con atención oportuna. Mi preocupación no es solo personal. También pienso en muchas otras personas que, como yo, podrían enfrentar las mismas dificultades, especialmente, los adultos mayores".

Ella agregó: "En mi familia tuvimos que realizar el traslado de mi abuela desde Nueva EPS hacia otra entidad, debido a que ella padece varias enfermedades graves y, durante más de un año, no recibió sus medicamentos, a pesar de que eran vitales. La salud debe garantizarse de manera continua y digna".

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Con sello de Manizales

Cárdenas pidió intervención legal con esta acción, lo hizo ante el Tribunal Administrativo de Caldas y motivada por la preocupación que le asiste, ante la vulneración del derecho a la libre elección de los usuarios.

Según explicó, el decreto emitido por el Gobierno nacional, contraviene lo estipulado en la Ley 100 de 1993, la cual garantiza que los ciudadanos pueden escoger la entidad promotora de salud que mejor se ajuste a sus necesidades.

"Un decreto no puede estar por encima de una ley nacional y, mucho menos, poner en riesgo la integridad de los pacientes. Tienen que ver que la Nueva EPS ha sido objeto de advertencias por parte de la Contraloría General de la República y que no está prestando un buen servicio. No posee los recursos ni la infraestructura administrativa para absorber la carga de nuevos afiliados".

LA PATRIA conoció que, en Caldas, la cifra de personas que estarían obligadas a cambiar de prestador asciende a 60 mil 956 usuarios (58 mil 511 solo en Manizales), que actualmente reciben atención por medio de Sanitas.

"Es un decreto que está vulnerando también el derecho a la salud en conexidad con la vida", lo dijo Cárdenas evocando los informes oficiales que demuestran la inviabilidad de la medida en las condiciones actuales del sistema.

Se supo que en el texto de la acción popular se incluyó, como hecho notorio, la situación que ya atraviesa la capital de Caldas con la entrega de fármacos a los afiliados y/o beneficiarios de Nueva EPS.

"Hay que recordar la acción popular que se instauró desde la Personería de Manizales, donde también tiene una medida cautelar para que se entreguen los medicamentos a esos usuarios", detalló Cárdenas.

El proceso legal busca que el Tribunal decrete una medida cautelar de urgencia: "La urgencia radica en la presencia de sujetos de especial protección constitucional dentro del grupo de afectados, incluyendo niños, adultos mayores y personas en condición de discapacidad".

La demandante espera que la admisión del recurso y el pronunciamiento sobre la medida cautelar se den en el transcurso de las próximas 24 horas, dada la naturaleza del riesgo para la vida de los pacientes con enfermedades crónicas o tratamientos en curso.

Cárdenas envió un mensaje al Ministerio de Salud y Protección Social y al presidente Gustavo Petro, instándolos a la adecuada evaluación, construcción y planificación de las políticas públicas.

"Antes de ir a hacer estos decretos, hay que mirar las leyes. Es el mismo presidente el que debe de garantizar todo para los colombianos. Eso es responsabilidad de quien encabeza el Estado", apuntó.

¡Quéjese!

Denuncie, ante la Superintendencia Nacional de Salud (SNS), si tiene problemas con su EPS o entidades asociadas. Acceda a la línea gratuita 018000 513700 o ingrese al portal www.supersalud.gov.co a denunciar la anomalía.

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