La vida de Héctor Fabio Bolívar Yepes, un pereirano de 41 años que quedó en silla de ruedas tras un accidente de tránsito en el 2016, estuvo contra el tiempo hasta el pasado jueves (7 de mayo).
Ese día, luego de meses de trámites, tutelas, incidentes de desacato y presión en redes sociales, la EPS Servicio Occidental de Salud (SOS) confirmó el desembolso del dinero necesario para reemplazar la bomba de baclofeno (relajante muscular) de la que depende para sobrevivir.
El dispositivo, implantado en su abdomen, controla los espasmos derivados de una paraplejia espástica ocasionada por el siniestro.
La bomba tenía fecha límite de funcionamiento hasta el domingo 10 de mayo.
La cirugía quedó programada para este martes (12 de mayo), a las 10:00 a. m., en la IPS Neurocentro de la capital de Risaralda.
Una década marcada por un accidente
El 10 de enero del 2016, la vida de Héctor Fabio cambió por completo. Según relató su familia, él se movilizaba en motocicleta cuando un vehículo omitió una señal de pare y se produjo un fuerte choque.
Una lesión grave en la médula espinal le dejó secuelas permanentes. Desde entonces depende de una silla de ruedas y de la bomba de baclofeno para controlar los espasmos severos.
Antes del accidente trabajaba como escolta en una empresa transportadora de valores. Después, aunque intentó mantenerse activo, no pudo seguir laborando.
“Adecuó el carro para poder manejarlo solo con las manos y hacer Uber, pero la limitación física le impidió volver a tener una vida normal”, le explicó a LA PATRIA Nikol Ocampo Yepes, su prima.
Añadió que las afectaciones no solo han sido físicas: “Su problema de movilidad también tiene su salud mental afectada”.
Foto | Tomada de ipscindia.com | LA PATRIA
En la IPS Neurocentro, de Pereira, se le implantará una bomba de baclofeno para controlar sus espasmos.
La cirugía que no llegaba
Consciente de que la bomba de baclofeno tiene una vida útil limitada, desde mayo del 2025 el especialista tratante había ordenado un nuevo procedimiento denominado “inserción de bomba de infusión totalmente implantable”.
Sin embargo, aunque la autorización médica existía, la familia asegura que faltaba el anticipo económico que debía desembolsar la EPS para que se realizara la intervención.
Adriana Aguirre Muñoz, esposa de Héctor Fabio, expuso que desde octubre inició acciones judiciales para exigir el cumplimiento del procedimiento. “La autorización de la cirugía estaba, faltaba el desembolso del dinero. Hace siete meses empecé con una tutela, que tuvo órdenes de desacato, pero nada”, comentó.
Según dijo, el freno se debió a que el procedimiento representa altos costos para el sistema de salud: “La bomba vale aproximadamente $47 millones y cada ampolla de baclofeno cuesta $1 millón 500 mil. Cada seis meses necesitamos ocho ampollas de ese medicamento”, indicó.
También, Adriana aseguró que conseguir el medicamento se convirtió en una lucha constante: “Cada que Héctor necesita las ampollas me toca interponer tutela porque es muy complicada la entrega. Hay que empezar a pedirlas tres meses antes de que se acaben”.
Héctor Fabio Bolívar y Adriana Aguirre son pareja desde hace ocho años. Ella se encarga de gestionar las órdenes de salud de su esposo.
Un video cambió el panorama
Ante la falta de respuestas, la familia decidió “acudir al poder de las redes sociales”.
El pasado 4 de mayo, Nikol publicó un video en el que relató la situación y responsabilizó públicamente a la EPS por lo que pudiera ocurrir después del vencimiento de la bomba.
“No pedimos un favor, exigimos el cumplimiento de una tutela que protege el derecho a la vida”, expresó en el mensaje. La grabación se replicó decenas de veces, acumuló miles de visualizaciones y cientos de comentarios.
Tres días después, según la familia, llegó la respuesta esperada: “Gracias a la presión de las redes, SOS nos contestó el pasado jueves. La Personería de Pereira también nos brindó ayuda a través de un abogado”.
Según la esposa de Héctor Fabio, desde la EPS les manifestaron que la entidad, hoy intervenida por el Gobierno nacional, no contaba inicialmente con los recursos necesarios para realizar el desembolso.
Pero la prolongada incertidumbre de la familia se solucionó apenas tres días antes de la fecha de caducidad del dispositivo, con la confirmación del pago.
Nikol relató que el miedo principal era que el aparato dejara de funcionar antes de la cirugía: “Los médicos ya habían advertido que, si la bomba se apagaba, Héctor podía sufrir un síndrome de abstinencia que podía ser fatal”.
Decisiones judiciales
El caso de Héctor Fabio Bolívar escaló a instancias judiciales. El Juzgado Once Penal Municipal con Función de Conocimiento de Pereira tramitó un incidente de desacato contra directivos de la EPS Servicio Occidental de Salud (SOS) por incumplir el fallo de tutela emitido desde el 2018, en el que se ordenó garantizar el tratamiento integral, oportuno e ininterrumpido para él.
En febrero de este 2026 el despacho concluyó que la entidad no había garantizado la realización del procedimiento ordenado desde mayo del 2025. En la providencia, el juzgado señaló que existía una conducta “omisiva y negligente” de los funcionarios encargados de cumplir la orden judicial. El documento también indicó que no se demostró ninguna razón médica, jurídica o contractual que justificara el incumplimiento.
Posteriormente, el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Pereira confirmó la sanción contra tres directivos de SOS: dos días de arresto y multa equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente.
Sin respuesta
LA PATRIA intentó obtener una respuesta de la EPS SOS desde el pasado miércoles 6 de mayo, al respecto de la situación de Héctor Fabio Bolívar, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo ningún pronunciamiento oficial.
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