La crisis que afronta el sistema de salud en Colombia es para tomarlo con pinzas. La fallida reforma del gobierno Petro, los retrasos en la entrega de medicamentos y los hospitales asfixiados por los impagos de carteras son algunos de los grandes problemas que tiene el país.
Y lejos de arreglarse con la intervención del gobierno a algunas EPS (entidades prestadoras de servicio), el problema se aumenta, generando incertidumbre en los usuarios finales.
Félix León Martínez, el director de la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) visitó la sede de la fundación universitaria del Área Andina en Pereira y atendió a los medios de comunicación de la ciudad para hablar sobre la entidad que preside.
Según el funcionario, desde su ingreso a la entidad, el presupuesto se ha aumentado casi en un 60 %, por lo que no es cierto que no haya dinero para la salud en el país. En su análisis apunta directo al “negocio” de la salud, donde los que más se fortalecen son los privados.
Billones girados a Risaralda
Martínez reveló las cifras oficiales correspondientes al último periodo consolidado. De acuerdo con el funcionario, el Gobierno Nacional destinó más de $2 billones para garantizar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de los ciudadanos de la región.
Específicamente, Martínez detalló que se reconocieron $1.209.000 millones en el régimen contributivo y $882.000 millones en el régimen subsidiado, sumando "dos billones larguitos" asignados a las EPS por los usuarios de Risaralda.
De ese monto, a través del mecanismo de giro directo, se transfirieron $749.337 millones a los hospitales del régimen contributivo y una fracción proporcional en el subsidiado.
No obstante, el director de la ADRES fue enfático en aclarar que, por ley, la entidad funciona estrictamente como el "banco de la salud" y no tiene la potestad de decidir a qué hospitales públicos o clínicas privadas se les priorizan los pagos, una responsabilidad que sigue recayendo de forma exclusiva en las EPS.
"La ley exige que de cada $1 '000.000, $800.000 vayan directo a los hospitales. La EPS le pasa a la Adres una nómina o postulación y decide cómo repartir esa plata. Nosotros no podemos intervenir legalmente; simplemente los obligamos a que entreguen el 80% el mismo día que reciben los recursos. La que decide qué hace con la plata, por ley, es la EPS", explicó Martínez ante los medios de comunicación regionales.
Crítica al modelo vertical
Al ser consultado sobre las preocupantes denuncias del Hospital Universitario San Jorge de Pereira respecto al freno en el flujo de caja por parte de las EPS intervenidas (como Nueva EPS, Asmet Salud o Emssanar), Martínez describió el panorama actual como una consecuencia directa de la estructura legal vigente, la cual intentó modificarse sin éxito en el Congreso de la República.
El funcionario calificó como "una vergüenza" el fenómeno de la integración vertical, donde las EPS priorizan los pagos a sus propias clínicas y centros médicos sobre la red hospitalaria pública.
"El sistema general es un sistema en que la empresa tiene la posibilidad de darle la plata a sus propios negocios, a los de sus socios o a los de sus amigos. Uno ve clínicas que crecen en presupuesto el 500% en el año y otras que se quiebran porque les dejan de pagar. El que un hospital o clínica reciba el dinero depende de las relaciones de cercanía que tenga con los dueños de las EPS", afirmó el funcionario.
Frente al caso específico de la Nueva EPS —entidad con una alta concentración de afiliados en Risaralda y actualmente intervenida—, Martínez señaló que su situación financiera es "muy grave y complicada", acumulando deudas históricas de entre $8 y 10 billones.
Aclaró que el hecho de estar intervenida no significa que el Gobierno la maneje directamente, ya que el interventor actúa de forma autónoma. Esto obliga a las EPS en crisis a hacer "un equilibrio" para sostenerse, lo que impacta directamente a programas locales como la 'Ruta Dorada' del Hospital San Jorge.
A nivel nacional, el directivo defendió la gestión del Gobierno asegurando que los recursos globales de la salud bajo su administración aumentaron de $71 billones a $115 billones (un incremento del 60%), representando ya el 20% del presupuesto de la nación.
Sin embargo, argumentó que las dinámicas del modelo impiden que el dinero se refleje en la red pública.
"La plata, como si fuera saco roto, se pierde por todas partes. Los análisis muestran que cada día las EPS le pagan más al sector privado y van dejando a los hospitales públicos a un lado", concluyó, insistiendo en que la solución definitiva a la crisis no es de carácter reglamentario, sino que requiere una reforma de ley estructural en el legislativo.
Haga clic aquí y encuentre más información de LA PATRIA.
Síganos en Facebook, Instagram, YouTube, X, Spotify, TikTok y nuestro canal de WhatsApp, para que reciba noticias de última hora y más contenidos.
