El caso del abogado Richard Gómez Vargas representa una advertencia sobre los riesgos de exigir transparencia en la administración pública. El Consejo de Estado reivindicó su ejercicio de veeduría ciudadana.

Todo comenzó durante el proceso de elección del contralor Departamental de Caldas para el periodo 2022-2025. Gómez Vargas, aspirante al cargo, denunció presuntas irregularidades en la selección, entre ellas falta de transparencia y posibles vicios de procedimiento.

Como abogado, interpuso 20 acciones de tutela, convencido de que hacía uso del derecho a la participación ciudadana y el control sobre lo público.

Sin embargo, en lugar de que se abriera una investigación sobre las denuncias, el abogado terminó siendo blanco de una denuncia disciplinaria interpuesta por el mismo contralor electo, Juan Carlos Pérez Vásquez, quien se posesionó el 24 de julio del 2024. La denuncia la elevó durante su posesión ante la Asamblea de Caldas, como crítica a quien se atrevió a cuestionar el proceso.

La Sección Quinta del Consejo de Estado revocó una sentencia del Tribunal Administrativo de Caldas y esta semana anuló el acto de elección del actual contralor de Caldas, Juan Carlos Pérez Vásquez.

Los triunfos del demandado

El caso lo estudió el Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, donde Gómez presentó su defensa. Los magistrados fallaron a su favor y lo absolvieron de las acusaciones, reconociendo que su actuación la amparó la Constitución y que no incurrió en ninguna falta disciplinaria.

“Mi único delito fue exigir transparencia”, manifestó el abogado tras conocer la decisión. No obstante, advierte que el hecho de haber enfrentado un proceso por ejercer su derecho demuestra lo frágil que puede ser la protección al ciudadano que vigila el poder público. “La justicia me dio la razón, pero el mensaje es preocupante: quien exige legalidad, puede terminar perseguido”, afirmó.

El caso no termina ahí. Según Gómez Vargas, existe una cuestión de fondo que no ha sido resuelta: la legalidad de la elección del actual contralor Pérez Vásquez. El Consejo de Estado, mediante fallo reciente, anuló la Resolución 0439 de 2022, que sustentaba su nombramiento.

Esta decisión se suma a otros actos administrativos en entredicho, lo que deja sin base jurídica su permanencia en el cargo, advierte. Por ello desde su posición como veedor y jurista, Gómez Vargas solicita a la Asamblea de Caldas que actúe conforme a derecho. “No es una opción, es un imperativo legal. La permanencia del contralor contraviene los principios de legalidad, seguridad jurídica y moralidad administrativa”, recalcó.

El abogado concluye que este caso debe servir de precedente para que las instituciones garanticen el derecho a la participación ciudadana, sin miedo a represalias, y que se corrijan los procesos que afectan la legitimidad de los cargos públicos.

En días pasados, Pérez Vásquez, dijo a LA PATRIA que la decisión no afecta su permanencia en el cargo, mientras que hoy se conoció quién será su sucesor, Fabio Andrés García Bedoya, que asumirá el 1 de enero del 2026.

Haga clic aquí y encuentre más información de LA PATRIA.

Síganos en Facebook, Instagram, YouTube, X, Spotify, TikTok y en nuestro canal de WhatsApp, para que reciba noticias de última hora y más contenidos.