Las promesas van y vienen, pero hay necesidades que sobreviven al veredicto de las urnas.
LA PATRIA revisa las propuestas en materia laboral de los candidatos a la Presidencia de Colombia.
La informalidad es una incertidumbre para quienes la padecen y, a la vez, una certeza que ha sobrevivido a gobiernos de distintas orillas ideológicas.
Los costos para emprender alargan la sombra de las incógnitas laborales. El aumento de la productividad se perfila como una pregunta sin respuesta y la formación aparece en las propuestas como un antídoto recurrente.
LA PATRIA consultó a cuatro expertos que dieron sus veredictos sobre las soluciones que plantean cinco aspirantes a la Casa de Nariño.
Vea a continuación los planteamientos de Iván Cepeda, quien es primero en intención de voto según la encuesta de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio publicada en mayo, con 44,6%.
Además, consulte aquí el análisis de las propuestas de los demás candidatos punteros: Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Claudia López y Sergio Fajardo.
Derechos laborales y economía popular, los ejes de Iván Cepeda
El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, propone una agenda centrada en la redistribución del ingreso, el fortalecimiento de la economía popular y la formalización laboral. Defiende el aumento del salario mínimo y lo presenta como un “salario vital”, al tiempo que impulsa el cooperativismo y la participación de organizaciones sociales en la contratación pública.
Jorge Olmedo Upegui, experto en Derecho Laboral y Seguridad Social, advierte que “un incremento constante del salario mínimo del 23% resulta insostenible” y puede generar efectos como automatización, reducción de puestos de trabajo y presión sobre pequeños empleadores. Señala que este tipo de aumentos “golpea más a quienes no ganan el mínimo”, porque sus ingresos crecen al ritmo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), mientras sus costos suben más rápido.
El planteamiento de Cepeda también incluye que comunidades, asociaciones y organizaciones territoriales puedan ejecutar recursos del Estado, con el objetivo de democratizar la contratación y reducir la concentración en grandes empresas. También propone igualar condiciones entre economía popular y gran empresa, buscando que pequeños productores y trabajadores tengan acceso a las mismas oportunidades.
De igual forma, reconoce como actores económicos a vendedores informales, madres comunitarias, campesinos, jóvenes y víctimas del conflicto. En esa línea, insiste en fortalecer la economía solidaria y comunitaria como motor de desarrollo.
Juan Felipe Jaramillo, analista económico, afirma que con el aumento de beneficios laborales sin mejoras previas en productividad “el riesgo de expulsión hacia la informalidad es altísimo”. Aunque resalta como lo mejor de sus ideas el énfasis en justicia social, advierte de un riesgo técnico crítico: “Podría terminar beneficiando a quienes ya tienen empleo formal, pero cerrándoles la puerta a los desempleados”.
Otro eje del candidato, que tiene a Aída Quilcué como fórmula vicepresidencial, es la lucha contra la pobreza mediante cambios estructurales, no solo subsidios. Plantea una política de igualdad sustantiva que incluye reformas fiscales progresivas, redistribución de la riqueza y garantías de derechos universales. Dentro de este enfoque, ubica la renta básica universal como parte de un sistema más amplio de protección social.
Todo esto lo resume Jorge Albeiro Marín, laboralista y panelista radial, en un mensaje de continuidad con la línea del presidente Gustavo Petro. “Este Gobierno, en los programas sociales, ha tomado posiciones que impactaron a la clase trabajadora, como el incremento del salario mínimo, la reforma agraria y la entrega de tierra a los campesinos (...). Cepeda les da prioridad a los derechos de la clase obrera”.
Lo que propone Iván Cepeda para el sector laboral en Colombia*
- Defensa de la reforma laboral, que “devuelve a la clase trabajadora sus derechos” y “dignifica el empleo”.
- Destaca que el salario mínimo se convirtió en “salario vital” con incremento sostenido del 23%. “Cuando se fortalece el ingreso de la gente se fortalece el mercado interno, la producción y el país entero. Demuestra que la justicia social no es enemiga del crecimiento económico. Demuestra que es cierto que, por el bien de Colombia, primero los pobres, primero los derechos de la gente”.
- Propone impulsar “toda forma que dignifique el trabajo, la formalización laboral, la economía social y la economía solidaria”, además de “consolidar las economías populares y comunitarias mediante el apoyo a la asociatividad cooperativa barrial y comunitaria”.
- Defiende que la economía popular y solidaria tenga las mismas oportunidades que la gran empresa y que trabajadores y pequeños empresarios tengan iguales derechos para progresar. “Vamos a fortalecer la economía popular y vamos a modificar el marco normativo de la contratación del Estado, de modo que las comunidades y sus organizaciones en el campo y en la ciudad no sean simples espectadoras y observadoras del espectáculo de cómo los particulares se quedan de manera corrupta con los dineros de la nación. Vamos a convertir a las comunidades y sus organizaciones en sujetos de contratación pública para que puedan liderar y ejecutar con transparencia obras que demandan y necesitan los territorios del país”.
- Incluye como actores económicos válidos a vendedores informales, madres comunitarias, campesinos, soldados y trabajadores en general. “No podemos ni debemos darles la espalda a los movimientos sociales, a los pueblos indígenas, a las comunidades afrodescendientes, a los campesinos, a las mujeres, a los jóvenes de las barriadas populares, a las víctimas del conflicto armado, a los trabajadores, a los vendedores ambulantes, a quienes no tienen techo, a todos y cada uno de quienes hoy luchan por la transformación de Colombia”.
- Plantea una política de igualdad sustantiva y de superación de la pobreza: “El cambio que necesitamos no puede limitarse a aliviar la pobreza con subsidios o paliativos temporales. Debemos asumir la lucha contra este mal como una política de igualdad sustantiva, tanto en el campo como en la ciudad. No se trata solo de repartir gotas de ayuda en el desierto de la desigualdad. Se trata de cambiar el sistema de irrigación de los derechos, la posibilidad de desarrollo y, además de eso, los cambios de las condiciones económicas de vida. Eso implica avanzar hacia una redistribución estructural de la riqueza, una fiscalidad progresiva, reformas sociales profundas, garantías de derechos universales y, sobre todo, una organización poderosa de las comunidades. Lo repito, no basta con entregar subsidios: hay que redistribuir los recursos para que la tierra fértil de nuestra sociedad no sea privilegio de unos pocos. En este sentido, una renta básica universal no debe verse como una solución aislada, sino como parte de una estrategia más amplia de igualdad social”.
*Tomado de su programa de gobierno.
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