Las promesas van y vienen, pero hay necesidades que sobreviven al veredicto de las urnas.
LA PATRIA revisa las propuestas en materia laboral de los candidatos a la Presidencia de Colombia.
La informalidad es una incertidumbre para quienes la padecen y, a la vez, una certeza que ha sobrevivido a gobiernos de distintas orillas ideológicas.
Los costos para emprender alargan la sombra de las incógnitas laborales. El aumento de la productividad se perfila como una pregunta sin respuesta y la formación aparece en las propuestas como un antídoto recurrente.
LA PATRIA consultó a cuatro expertos que dieron sus veredictos sobre las soluciones que plantean cinco aspirantes a la Casa de Nariño.
Vea a continuación los planteamientos de Sergio Fajardo, quien es cuarto en intención de voto según la encuesta de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio publicada en mayo, con 2,4%.
Además, consulte aquí el análisis de las propuestas de los demás candidatos punteros: Iván Cepeda, Paloma Valencia, Claudia López y Abelardo de la Espriella.
Fajardo propone coordinación estatal y empleo basado en evidencia
El Sistema Nacional de Coordinación para el Empleo, que articularía entidades como el Sena, el DANE y los gobiernos territoriales para monitorear vacantes, habilidades y procesos de formalización en tiempo real es el eje central de la propuesta de Sergio Fajardo. El candidato, cuya fórmula vicepresidencial es Edna Bonilla y es avalado por el partido Dignidad & Compromiso, se caracteriza por un enfoque técnico que busca ordenar el mercado laboral desde la coordinación institucional y el uso de datos.
Para el economista Juan Felipe Jaramillo, este planteamiento refleja un “enfoque de estructura y evidencia”, alineado con recomendaciones técnicas sobre cómo mejorar la eficiencia del mercado laboral. Ese énfasis en conectar oferta y demanda también se refleja en la idea de una Mesa de Educación para el Trabajo, que busca ajustar la formación a las necesidades reales del aparato productivo.
En este punto, el abogado Jorge Upegui considera que la propuesta es pertinente: “Mucha de la oferta de capacitación actual está enfocada en temas que no están conectados con las necesidades del mercado laboral. Eso se traduce en desempleo calificado”. Jaramillo coincide y destaca como uno de los mayores aciertos el “matching laboral”, es decir, lograr que lo que las personas saben hacer coincida con lo que requieren las empresas.
Desde el campo jurídico, Juan Andrés Jiménez destaca que se trata del “programa más completo en materia laboral”, con metas e indicadores claros. Resalta que incluye aspectos que suelen quedar relegados, como el Estatuto del Profesional Independiente, que busca regular pagos y condiciones contractuales, así como medidas para aliviar la carga fiscal y prestacional de las microempresas. También elogia el fomento al teletrabajo y la formalización progresiva como herramientas para ampliar el empleo formal.
No obstante, los analistas dicen que hay desafíos. Jaramillo señala un riesgo institucional: “Su plan asume un Estado eficiente, transparente y ágil que hoy Colombia no tiene del todo. Es una propuesta de primer mundo para una institucionalidad que aún está en vía de desarrollo”. Upegui agrega que la formalización progresiva, aunque necesaria, es difícil de implementar en la práctica, pese a que puede aliviar a pequeños empleadores.
Aun con esas limitaciones, los tres expertos coinciden en que Fajardo es el único que plantea de forma explícita una formalización gradual, reconociendo que –en palabras de Jaramillo– “un micronegocio no puede asumir los mismos costos que una multinacional desde el inicio”.
Lo que propone Sergio Fajardo para el sector laboral en Colombia*
- Sistema Nacional de Coordinación para el Empleo: crearemos un sistema nacional de coordinación para el empleo, liderado desde la Presidencia de la República, que permita articular de manera permanente la respuesta del Estado frente al desempleo y la informalidad. Esta instancia integrará al Ministerio de Trabajo, el SENA, el DANE, el Departamento Nacional de Planeación, el Servicio Público de Empleo y a los gobiernos territoriales para monitorear de manera sistemática las vacantes, las colocaciones laborales, los procesos de reconversión de habilidades y las estrategias de formalización. El sistema establecerá metas trimestrales por territorio y contará con un tablero público de seguimiento que permita evaluar en tiempo real los avances de la política de empleo y orientar decisiones de política basadas en evidencia.
- Mesa de Educación para el Trabajo: crearemos una Mesa Nacional de Educación para el Trabajo que conecte la formación con las necesidades reales del aparato productivo. En esta mesa participarán el SENA, instituciones de educación superior, centros de formación técnica, empresas, gremios y gobiernos territoriales para identificar vacantes actuales y futuras, brechas de habilidades y oportunidades de empleo por sector y región. Este proceso producirá un Diagnóstico Nacional de Vacantes y Brechas de Habilidades, que servirá como base para ajustar la oferta de formación, orientar la inversión en capacitación y construir rutas de reconversión laboral alineadas con las necesidades de la economía.
- CREA Empleo: conectar talento con oportunidades. Implementaremos el programa CREA Empleo para incentivar la creación de nuevos empleos formales, especialmente para mujeres, jóvenes y personas mayores de 50 años. El programa combinará formación corta orientada a vacantes reales, acompañamiento en la inserción laboral y procesos de reconversión para trabajadores que necesiten actualizar sus habilidades frente a cambios tecnológicos o sectoriales. Además, se creará un Fondo Empleo para canalizar recursos públicos y privados hacia empresas que generen nuevos puestos de trabajo formales y sostenibles.
- Estatuto del Profesional Independiente: crearemos un marco jurídico para proteger a los trabajadores independientes y regular de manera clara sus relaciones contractuales con entidades públicas y privadas. El estatuto establecerá reglas sobre pagos oportunos, límites a cláusulas abusivas, tiempos razonables de contratación y garantías mínimas para quienes prestan servicios profesionales. Como resultado, reduciremos en 70 % los retrasos en pagos de contratos por prestación de servicios y estableceremos plazos máximos de pago de 30 días para contratos con entidades públicas y privadas.
- Formalización progresiva y modernización del empleo formal: implementaremos incentivos para que micronegocios y pequeñas empresas formalicen trabajadores sin que el costo inicial de la formalización frene su crecimiento. La estrategia combinará reducciones temporales de cargas parafiscales, simplificación de trámites y acceso a crédito productivo para empresas que formalicen empleo. Al mismo tiempo, modernizaremos el empleo formal promoviendo el teletrabajo y modalidades laborales más flexibles, sin precarizar los derechos ni la protección social de los trabajadores.
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