Sin embargo, otra cosa es estar lejos de la institucionalidad que podría brindar protección o donde el Estado no hace presencia, condiciones que han sabido aprovechar los armados ilegales para ejercer un control silencioso y constituirse en ley sin serlo.
Somos una democracia en la que el voto es libre e individual. Sin embargo, este precepto está amenazado en algunos territorios, ya que de por lo menos 13 mil puestos de votación en el país para sufragar en la primera vuelta presidencial este 31 de mayo, hay 1.019 con anomalías críticas por presiones de grupos armados ilegales. Hay que triplicar entonces los esfuerzos de seguridad desde todas las instancias del Estado. En estos sitios están concentrados unos 327 mil 196 votos efectivos y un potencial electoral de 494 mil 434 personas habilitadas para votar, reportó el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga.
Son puestos en zonas de riesgo, donde este Instituto por sus análisis estableció que podrían existir afectaciones al voto libre de los ciudadanos, reflejados en presiones, vigilancia comunitaria, restricciones a la movilidad y compra de votos, que considera deben ser verificados. Todo esto está sucediendo antes de llegar a las urnas, a las que muchos tendrán que acudir movidos por el miedo, y es lo que no se puede permitir. Cada uno de los colombianos debe tener la libertad de elegir a quien considere la mejor opción, no la que obligan los delincuentes.
Sin embargo, otra cosa es estar lejos de la institucionalidad que podría brindar protección o donde el Estado no hace presencia, condiciones que han sabido aprovechar los armados ilegales para ejercer un control silencioso y constituirse en ley sin serlo. Estarían coaccionando con sus armas y militantes para favorecer una candidatura específica, incluso con la compra estructural de votos, pagando tarifas que van desde 20 mil pesos hasta 500 mil pesos y que verifican de manera fotográfica, o simplemente para que no salgan a votar y coartar el derecho al voto. Es un hecho que han referido también algunos candidatos presidenciales, sobre todo en zonas de Norte de Santander, Arauca, Urabá, Cauca, Nariño, Caquetá, Guaviare.
Tampoco deja tranquilo a nadie el audio atribuido a las disidencias de las Farc, en el que un hombre pedía votar por el candidato de izquierda, Iván Cepeda, y que amenazaba con sanciones económicas a campesinos de Guaviare en caso de no hacerlo. Situación que el ministro de Defensa, Pedro Sanchez, salió a suavizar afirmando que el audio corresponde a un caso de extorsión carcelaria y no tiene vínculos con grupos guerrilleros. Sin embargo, son hechos que no se deberían minimizar, porque de cualquier sitio que provengan este tipo de intimidaciones tienen que ser contenidas por el Gobierno como responsable de brindar las garantías necesarias para que cada uno de los ciudadanos pueda votar.
Desde octubre del año pasado la Defensoría del Pueblo viene advirtiendo sobre situaciones similares a través de sus alertas tempranas para lo electoral por acciones de grupos criminales, con seguimiento en febrero de este 2026, cuando indicó que la respuesta del Estado para paliar estos riesgos alcanza un cumplimiento parcial, aún cuando la Defensoría registraba 457 casos de amenazas de muerte contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y actores políticos en el contexto preelectoral. No se trata de cancelar las elecciones, hay es que poner al servicio de los ciudadanos toda la fuerza del Estado para que pueda ejercer sus derechos con tranquilidad, y votar es uno de ellos.