Las conquistas femeninas en cargos de representación y de poder siguen aumentando en el país. El 1 de septiembre asumirá como defensora del Pueblo la jurista Iris Marín Ortiz, que se convierte en la primera mujer en la historia de Colombia en ocupar esta posición. Fue elegida por la Cámara de Representantes con 170 votos de 186 posibles. Se suma a la designación de la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, ambas ternadas por el presidente Gustavo Petro, y a la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, que terminará su periodo en enero del 2025.
Aunque la próxima defensora del Pueblo se define como independiente, se sabe de su cercanía política con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, con quien trabajó en el gobierno de Juan Manuel Santos desempeñando un rol clave en temas de justicia transicional. Para llegar al cargo, Marín fue parte de un terna en la que estaban Jomary Ortegón, apoyada por el Pacto Histórico, que logró 10 votos, y Dora Lucy Arias, que obtuvo 6 votos. Marín sostuvo en la plenaria de la Cámara que con su elección gana el consenso nacional.
Eso es importante políticamente y en dichos escenarios, más en estos tiempos de sectarismos y divisiones; pero a partir del momento en que la defensora asuma su cargo deberá ponerse al frente de difíciles situaciones de violencia e inseguridad que están afectando a Colombia en materia de derechos humanos, como ocurrió recientemente en Chocó, y sobre eso debe constituirse en un instrumento de defensa de todos los colombianos, especialmente de los más vulnerables, que están en territorios a los que sigue sin llegar la protección y presencia del Estado, don son asediados por grupos armados ilegales.
Marín reconoce que el país está en una situación bastante grave en derechos humanos. Sus prioridades las concentra en asuntos como intervenir la violencia y la discriminación contra las mujeres, la crisis carcelaria, la salud mental de la niñez y de la adolescencia, el cambio climático y el conflicto armado. En esto último sí que se debe centralizar la acción de la Defensoría del Pueblo, como organismo del Ministerio Público dedicado a proteger y defender los derechos humanos, prevenir sus violaciones, fomentar el Derecho Internacional Humanitario y proporcionar el acceso a la administración de justicia.

Hay que continuar asuntos como las alertas tempranas que emite la Defensoría, que ayudan a identificar riesgos en los territorios, así la próxima defensora considere que no están teniendo impacto y que se deban trabajar más en agendas de largo plazo dedicadas a la prevención y la cultura. La futura funcionaria asegura que quiere trabajar con el Gobierno nacional y los gobiernos territoriales, también tiene mucha razón cuando sostiene que la Defensoría no está para hacerle oposición al Gobierno, y tampoco para ayudarle. Importante que una mujer lidere otro organismo del Estado, pero es aún más relevante que sea alguien que conoce los temas de la entidad para la que fue nombrada. Y eso, esperamos, se vea reflejado en los resultados.