El 9 de febrero es en Colombia el Día del Periodista, a pesar de que por Ley de la República el 4 de agosto fue erigida esta fecha para homenajear a Antonio Nariño, que se encargó de dejar claro que la opinión libre era un derecho y que el periodismo es vital en la deliberación política si un Estado quiere avanzar en formas democráticas de gobierno. Por eso, resulta muy importante revisar qué tenemos para celebrar en este día, cuando el entorno es hostil para todos.

De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) el 2024 fue el año más agresivo contra la prensa en la última década en Colombia. Fueron asesinados los periodistas Mardoño Mejía en el departamento de Sucre y Jaime Vásquez y Jorge Méndez en Norte de Santander, el mismo territorio hoy sitiado por los violentos y que obligó al Gobierno nacional a decretar la Conmoción Interior. Ya sabemos desde hace tiempo que imponer el fuego contra la prensa es el método que encuentran los grupos armados para dar el mensaje de que no se puede ir en contravía suya.

Como si fuera poco, en el 2024 también se presentaron 215 amenazas contra periodistas colombianos, el mismo número que se había dado en el 2022 y sigue siendo la más alta cifra de los últimos años. La mayoría de estos amedrentamientos los propician autores desconocidos (87), mientras que las bandas criminales (53), las disidencias (33) y las guerrillas (8) que juntas son una cantidad muy parecida. Las otras 28 provienen de particulares. Estas amenazas se presentaron principalmente en Norte de Santander y Arauca, ambos territorios fronterizos con Venezuela y con una presencia intimidadora del Eln. Tales amenazas obligaron al desplazamiento forzado de 20 periodistas, un tema que afecta a las comunidades que dejan de ser informadas por estas personas.

El ambiente hostil viene desde las autoridades. Personajes de la política que intimidan a los periodistas con estigmatizaciones o con acoso judicial. La mayoría de estas las cometieron representantes del poder Ejecutivo a nivel nacional, regional y local, seguido por integrantes de las corporaciones públicas. Se debe recordar que la libertad de expresión es un bien público, no una excusa para acabar con reputaciones de manera impune, pero tampoco para que se impida elevar la crítica a los que deben ser cuestionados. Interponer demandas o tutelas a sabiendas de que la información es veraz es solo una forma de acosar judicialmente al periodista y amilanar su espíritu combativo.

La libertad de prensa es el pilar de la democracia. Cuando los nuevos autoritarismos la atacan, buscan debilitar a quien los vigila. Por ese motivo, las noticias falsas y la desinformación es la moneda de cambio de los dictadorzuelos de turno, porque prefieren la mentira monda y lironda a la prensa libre. Por eso, ir por los periodistas que hacen su trabajo se vuelve su obsesión, sea en Estados Unidos, en Venezuela, en Nicaragua, en Hungría, o en Argentina.