Secuestrar y detener de forma ilegal son delitos contra la libertad que se castigan en Colombia con pena de prisión, según sea el caso. La diferencia es que en el secuestro se pide algo para dejar en libertad al retenido. Ambos son crímenes execrables que la sociedad, el gobierno y las instituciones no pueden aceptar, cualquiera sean sus motivos. Hay que rechazar el secuestro o la detención ilegal -eso ya lo establecerán las autoridades- de 106 militares en la vereda Choapal, de San José del Guaviare, la noche del viernes 9 de agosto, que supuestamente quedaron en poder de la guardia campesina.

A unos 40 los liberaron al día siguiente y a otros 66 los dejaron, secuestrados o detenidos ilegalmente, durante tres días. El Ejército Nacional dice que realizaban controles para proteger a la población civil de extorsiones y de enfrentamientos entre disidencias de las Farc; unas bajo el mando de alias Calarcá y otras de alias Iván Mordisco, cabecillas del llamado Estado Mayor Central de esa guerrilla que hoy son rivales. Extrañamente la versión de campesinos de esa zona es que es el único medio de manifestación “pacífica” que tienen, porque hay inconformidad con las acciones que los militares desarrollan allí.

Mientras los ministros de Defensa, Iván Velásquez, y del Interior, Juan Fernando Cristo, calificaron el hecho como un secuestro realizado por comunidades instrumentalizadas por el bloque Jorge Suárez Briceño que lidera Calarcá, y pidieron revisar el cese el fuego que se mantiene con estas disidencias; Camilo González, jefe negociador del Gobierno en este proceso, negó cualquier relación de esas guerrillas con las retenciones de los soldados. Si no hay un lenguaje unificado dentro del propio Gobierno nacional, bien difícil será aclarar qué está ocurriendo en esta parte del sur del país. Si es que hay población azotada y manipulada por guerrillas o son ciertos los excesos de poder de los uniformados.

Queda al descubierto que en el proceso de paz total del Gobierno, con todos estos grupos armados ilegales, hay evidentes fallas que están afectando la seguridad nacional. Denota que entre el Ejecutivo y la Fuerza Pública no existe una relación de integración, que es como debe funcionar, y cada uno está trabajando por su lado. Eso resta credibilidad, porque mientras el Ejército en su labor constitucional intenta controlar, una parte del Gobierno se queda estática para evitar alteraciones con los ilegales en diálogos sin exigirles nada.

Hay que sopesar qué puede ser más peligroso para el país, si mantener las tropas trabajando por la seguridad y el bienestar de la población, combatiendo la criminalidad, o ceder terreno a los ilegales que no cumplen con lo que prometen en las mesas de diálogo y se valen de sus armas y de su poder para pescar en río revuelto entre comunidades organizadas y buscar la desmilitarización de los territorios para seguirse moviendo a su antojo. La Fiscalía debe investigar rápido este caso y actuar apegada a la ley brindando todas las garantías para establecer responsables. La sociedad civil no puede echar mano de acciones delictivas para hacerse sentir, menos con la Fuerza Pública, pero los ilegales tampoco pueden seguir haciendo de las suyas con Colombia.