En el mundo no ha habido un gobierno con la capacidad de satisfacer a todos los gobernados; por eso siempre serán objeto de críticas, quejas, señalamientos, denuncias, investigaciones..., y la lista podría seguir. Casi que es una fórmula propia de los sistemas democráticos. Quienes están del lado del gobierno propenderán por defenderlo a toda costa y no verán ni reconocerán en él error alguno. Del otro lado están los opositores, que procurarán por atacarlo a como dé lugar y cada que tengan la oportunidad. Los que deciden someterse al ejercicio gubernamental deben estar dispuestos a enfrentar estas dos realidades.
No tomar serenamente este tipo de reacciones es lo que le viene ocurriendo al presidente Gustavo Petro, y quizás a muchos alcaldes y gobernadores del país cuando quedan sometidos a sus opositores, o si lo que están proponiendo no se cumple exactamente como lo plantearon. Así el sistema político colombiano siga una tendencia presidencialista representada en el poder ejecutivo, en menoscabo muchas veces de los poderes legislativo y el judicial, hay que mantener, como lo dice la Constitución, la separación y el equilibrio de estos tres poderes porque son el alimento de la democracia.
Son criterios constitucionales en los que no encaja la posibilidad de que los que están del lado del Gobierno nacional vuelvan a las calles con intenciones de repetir el estallido social del 2021, que comenzó el 28 de abril de ese año como parte de un paro nacional en protesta y rechazo a las políticas del Gobierno de Iván Duque. Fueron manifestaciones que se extendieron durante unos dos meses, y hasta ahí no hay nada censurable, porque el país entendió lo que la Constitución también contempla, el derecho a la protesta. Pero las fuerzas promotoras, muchas de ellas políticas, dejaron quebrantar este derecho y hubo manifestantes que sobrepasaron los límites y acudieron a la violencia y al vandalismo para hacerse sentir.
El presidente Petro llamó a las bases populares a salir a las calles mañana por el archivo en el Senado de su reforma laboral, lo que si se deja crecer se puede convertir en otro estallido social como el del 2021. Una convocatoria de estas no puede ser usada como pulso de poder frente a la oposición política, porque el país ya sabe lo dañina que resulta cuando se sale de control. Se van a completar cuatro años de estos hechos y todavía no hay una cuantificación exacta de lo que fue la afectación física de ciudadanos; los daños y pérdidas en la infraestructura de ciudades y pueblos; el impacto por la imposibilidad de desarrollar con normalidad actividades educativas, de salud, laborales, culturales; la disminución en los procesos industriales.

¿De verdad alguien en Colombia quisiera que esto volviera a suceder? Esperamos que no, porque el primero que saldría perdiendo es el Gobierno nacional, y también el aparataje estatal del que formamos parte todos: los de Gobierno, los de la oposición y el grueso de la población que no está ni aquí ni allá. De un estallido social quedan muy pocas conquistas y ganancias, así algunos lo cataloguen como un símbolo de resistencia, pero siempre serán más las pérdidas.