La Procuraduría, como organismo de control que es, tiene la obligación de recuperar la majestad que le corresponde. Junto con otros organismos de control, ha ido perdiendo esta calidad desde hace rato y aparece apenas como un ente burocrático, con sesgos y usado como plataforma política donde se pagan favores políticos a través de nombramientos de recomendados en cargos bien remunerados sin ocuparse mucho de la idoneidad y del desempeño. Quedó lista la terna de candidatos de los que deberá elegir el Senado de la República al sucesor de María Margarita Cabello, quien se encuentra en la recta final de su mandato.
En épocas del Frente Nacional y luego, cuando el bipartidismo continuó siendo la fórmula en la que se definía la democracia en el país, era lógico y democrático que quien ocupara esta magistratura fuera una persona del partido contrario al del Gobierno, pero con las nuevas realidades de diseminación de partidos y la ausencia de fundamentos ideológicos en ellos, es difícil distinguir a partir de lo que dicen o hacen, quién es oposición y quién apoya al Gobierno. Las transacciones puntuales son la regla dominante y quien hoy apoya al Gobierno producto de un acuerdo, mañana puede oponérsele como consecuencia de la ausencia de un arreglo.
El Gobierno actual montó un proceso, supuestamente meritocrático para definir su candidato, que terminó en una salida de emergencia con cálculo político, buscando, no lo mejor para la institución y el país, sino lo mejor para el Gobierno, entendido esto como evitar a toda costa que llegue un favorecido de la casa Vargas Lleras, la misma que le acaba de ganar una acción de tutela al presidente Gustavo Petro para que rectifique acusaciones temerarias y sin fundamento, a lo que él se negó, bajo el pretexto de la objeción de conciencia y mostrando una vez más su displicencia por los mandatos judiciales. Fue así como el presidente terminó alejándose del criterio usado para la conformación de las ternas para Fiscal y Defensora, y volviendo al criterio político convencional, al postular a Gregorio Eljach, quien por doce años ha ocupado la Secretaría del Senado, el elector competente del procurador. Es decir que de ser elegido será quien investigue y juzgue a quienes hoy son sus jefes.

Los otros dos candidatos, Germán Varón Cotrino, congresista por 20 años y Luis Felipe Henao, el ministro más joven del Gobierno de Santos, también son figuras políticas, han hecho carrera con Germán Vargas Lleras y tampoco se destacan por su conocimiento riguroso en asuntos de derecho disciplinario o de derechos humanos, dos de las competencias que tiene este organismo del Ministerio Público. Ante este panorama, todo parece indicar que la aspiración a tener una Procuraduría fuerte, juiciosa, criteriosa y alejada de la politiquería, pues queda aplazada para una nueva oportunidad. Que se privilegie un criterio técnico en la decisión de elección de Procurador no puede ser una utopía y que andemos como resignados a que no puede ser diferente, es hacerle el juego a los políticos. La Procuraduría es una entidad excesivamente burocrática, duplica funciones con otras entidades y tiene pendiente una reforma necesaria. Así pues que es nuestro deber desde los medios y desde la sociedad en general, ejercer la presión necesaria para provocar la preparación, presentación y trámite de una reforma que modernice la institución y la aleje de la politiquería.