Recién posesionado en enero del 2024, el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, en aras de privilegiar los derechos de los niños y los adolescentes corrió a presentar en el Concejo un proyecto de acuerdo para adoptar en el municipio el protocolo nacional de restricción del consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos, expedido por el Ministerio de Justicia tras una orden de la Corte Constitucional que determinó que la prohibición del consumo de drogas en Colombia no puede ser absoluta y debía ser reglamentada. Aunque no es de obligatorio cumplimiento para los alcaldes, los que se acogieran debían definir horarios, sitios y circunstancias en que esto puede darse.

Para ese momento advertimos que sobre el documento aprobado por el Concejo y firmado posteriormente por el mandatario parecía muy fácil aplicar en la ciudad reglas relacionadas no solo con el consumo, sino también con la fabricación, distribución y comercialización de este tipo de drogas. Se determinó que el consumo no se puede hacer en sitios cercanos a establecimientos educativos, escenarios deportivos, parques, plazas, zonas históricas y de interés cultural, centros de culto religioso, bulevares. Además, que la Policía puede restringir y sancionar el consumo en estos lugares entre las 5:00 de la mañana y las 11:00 de la noche.

No obstante, las estadísticas del 2024 que presenta la Secretaría del Interior Municipal indican que con la Policía hicieron 5 mil 49 traslados por protección de ciudadanos que fueron sorprendidos consumiendo sustancias psicoactivas en zonas y horarios prohibidos. Eso quiere decir que fueron casi 14 personas diarias las identificadas el año pasado en esta práctica, un número bastante alto para una ciudad con tan baja población. Además, los lugares en los que fueron halladas consumiendo alucinógenos son parques, zonas escolares y espacios públicos con alta afluencia de personas, lo que demuestra que es poca la vigilancia sobre estos sitios.

Un año después de entrar en vigencia la restricción en Manizales cabe preguntarse si está cumpliendo con la protección de niños, adolescentes y la población en general, o si algo está fallando. En horarios y lugares restringidos en la ciudad, el consumo de alucinógenos sigue en aumento y no hay recursos humanos suficientes para controlarlo. Ello también lleva a considerar si lo que se requiere es más programas de salud pública enfocados en la prevención del consumo y en mostrar los graves efectos; pero igualmente se necesita más intervención de las autoridades, incluyendo las nacionales, para combatir la comercialización y distribución de drogas a través del microtráfico.

Si está sucediendo en Manizales, que cuenta con un acuerdo municipal para regular el consumo, qué estará ocurriendo en otros municipios que no tienen esta medida. Más grave todavía que sean menores de edad los que se observen por los espacios públicos consumiendo. También sería importante que la Secretaría del Interior de esta capital diera a conocer cuántos han sido los infractores durante este primer año y el monto total por multas impuestas, pues deben pagar hasta dos salarios mínimos legales mensuales o realizar actividades sociales. La ciudadanía también puede colaborar con el control, denunciando a los infractores ante las autoridades. El deber es de todos.