Tras meses de la tensión creada por los continuos ataques del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a periodistas y medios de comunicación, y de su mal ejemplo seguido por otros funcionarios del orden nacional, así como de gobernantes regionales y locales, por fin hubo un encuentro cara a cara esta semana entre el mandatario y la directiva de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), así como con representantes de Reporteros Sin Fronteras. Un necesario diálogo que se requería por el bien de la información y en busca de soluciones para el ejercicio periodístico que, por las estigmatizaciones y señalamientos, no se habían podido llevar a cabo.

Lo más importante de este encuentro es que quien ocupa el primer cargo de los colombianos haya tenido la capacidad para sentarse a dialogar con quienes han sido blanco de sus críticas, como el organismo que protege la libertad de prensa en sentido amplio y a los periodistas en particular para su ejercicio. No es un tema menor, desde que asumió el poder Gustavo Petro, han sido asesinados cinco periodistas en el país, entre los que se contaban dos que debían tener protección del Estado. Según la Flip, solo este año se han presentado 332 agresiones a la prensa, de las cuales 133 corresponden a amenazas y 2 a homicidios.

Es importante que se hubieran dejado de lado las diferencias que pudiera haber para centrarse en hablar del mayor problema que se tiene en este momento y es la violencia contra los periodistas desde diferentes frentes, incluidos servidores públicos. Esto incluye la que se pesenta a través de plataformas digitales. Celebramos que el presidente haya acogido de buena manera la idea de que se cree un canal directo de comunicación para gestionar las situaciones que se presenten con carácter de urgencia desde el gremio periodístico, pues es un hecho que la Unidad Nacional de Protección no está respondiendo a sus compromisos en este aspecto.

Aunque el presidente ha insistido en varios escenarios durante su mandato sobre la necesidad de que se cree un tribunal de ética periodística, nos parece destacable que este no hubiera sido el tema central de la conversación, pues como lo hemos dicho varias veces, la prensa debe ser responsable, pero no corresponde a un gobernante o a quienes no gustan de su labor, el papel de decir quiénes son los éticos y quiénes no. Desde los fundamentos de la Areopagítica, de John Milton, se desmanteló el problema que suscita el censurar la información con argumentos personales o subjetivos. No quiere decir esto que el periodismo tenga patente de corso para cometer excesos, pero como lo prevé la Constitución, sus responsabilidades son ulteriores y deberá afrontar las consecuencias jurídicas por sus actos, pero no previamente. La censura previa no puede existir.

Ojalá esta conversación sirva para que el Gobierno entienda que le hace muy flaco favor a la democracia cuando estigmatiza a medios y periodistas que le son críticos. Los gobernantes y, sobre todo, los que buscaron el favor popular para hacerse elegir, están obligados a soportar un nivel de crítica más alto, como lo ha advertido la Corte Constitucional en varias decisiones.