En casos comprobados de docentes abusadores sexuales, la ley, sin vulnerar a los procesados, debería ser lo más drástica posible y ayudar a actuar con la inmediatez que se requiere.

Maestro, persona de mérito relevante entre las de su clase -define la RAE-. Otros significados son para designar a una persona que ayuda a los estudiantes a adquirir conocimientos, competencias o virtudes; alguien cuya ocupación es instruir. Por eso causa escalofrío pensar que en cinco años desde el 2019, 3.098 menores hayan sido víctimas de delitos sexuales en Caldas, algunos por acción de educadores y así un afectado pueda estar asociado a más de un proceso o delito, como reportó la Fiscalía a LA PATRIA para un informe que se publicó esta semana.

Detalló además que en Manizales son 1.087 casos, de los cuales 318 son por actos sexuales con menor de 14 años en los que los profesores están involucrados. Del gran total en el departamento, hay 1.928 docentes en indagación, 676 en juicio y 193 profesores condenados. Todas estas cifras dicen mucho del deterioro social, y lo más delicado es que impactan a los estudiantes causando deserción escolar, miedos, fobias, intento de suicidio o consolidación de este hecho, y baja en el rendimiento académico por mencionar lo menos.

Hay declaraciones de alumnas y alumnos amenazados y coaccionados, casi siempre de forma muy sutil, por profesores para cometer este tipo de delitos. Por eso las directivas, los educadores, los padres, las familias y los estudiantes deben estar atentos a identificar comportamientos sospechosos dentro y fuera de las aulas, como cuando se insiste en permanecer a solas con un menor de edad o hay muestras exageradas de cariño y afecto. Los expertos definen a los pedófilos (adultos que sienten atracción sexual o erótica hacia niños) como personas de cualquier edad, sexo, condición socioeconómica, nivel educativo, profesión, raza, religión y condición física o cognitiva; por eso es difícil detectarlos.

Muy importante que las secretarías de Educación de los municipios estén pendientes para intervenir, diseñando rutas de atención y actuación como lo dice estar haciendo la de Manizales, que además trabaja con la Secretaría del Interior y se conformó un grupo élite en el que están Fiscalía, Sijín, Policía de Infancia y Adolescencia e ICBF. Esto debería replicarse en municipios que tienen buena parte de su población escolar en zonas rurales, alejadas de las cabeceras y con muy pocas posibilidades de denunciar a tiempo un abuso de esta y de cualquier otra naturaleza.

En casos comprobados de docentes abusadores sexuales, la ley, sin vulnerar a los procesados, debería ser lo más drástica posible y ayudar a actuar con la inmediatez que se requiere. No dejar que pasen los años investigando y que el caso prescriba o en la peor de las situaciones que alcance a fugarse como ya se dio este año en Manizales. Un abusador sexual en medio de la sociedad es un peligro, mucho más entre niños y adolescentes que por la vulnerabilidad propia de su edad no tienen las mismas herramientas que un adulto para hacer valer sus derechos. Con ningún escolar se puede llegar tarde, menos cuando son víctimas de delitos sexuales.