Hay tristeza en Caldas porque la vivienda que se promovió como bandera del exgobernador Luis Carlos Velásquez, en lo que se creyó y confió, terminó siendo en buena parte una iniciativa de papel. La aflicción no es tanto porque políticamente se haya quedado en veremos su programa de las Mil Viviendas, que entre otras cosas no fueron mil sino 980; lo que apena demasiado es que las familias de los 14 municipios que centraron sus esperanzas en esta opción, lo que tengan tres años después es un sueño frustrado, y aunque la Gobernación actual intenta restablecer la iniciativa para continuarla costará más y habrá menos soluciones de vivienda.
Se conoció esta semana, a través de un informe periodístico de LA PATRIA, que el segundo paquete del Mil Viviendas entra en un proceso legal de liquidación a través de un tribunal de arbitramento en la Cámara de Comercio de Manizales. Incluye 668 viviendas que se proyectaban en Victoria, Marmato, Aguadas, Palestina, Chinchiná, Neira, Belalcázar, Filadelfia, Riosucio y Samaná, en donde hay 0 construidas. Será el mismo camino de liquidación que tomó desde abril de este año el primer paquete, de 312 viviendas para Pácora, Salamina, Viterbo, Marquetalia y Samaná; igualmente, con 0 edificadas.
Son 980 familias que esperaban acceder a un programa de vivienda con ayuda de las alcaldías, las cuales hicieron un esfuerzo fiscal en los años 2022 y 2023 y a pesar de los presupuestos menguados que tienen los municipios asumieron créditos para aportarle recursos a estos dos paquetes de vivienda. Sin embargo, hoy solo cuentan con lotes vacíos o con obras básicas inconclusas en el mejor de los casos. El Mil Viviendas estaba tasado en $70 mil millones y se adjudicó al consorcio Desarrollo de Viviendas Caldas para que lo ejecutara en dos grupos. Sin embargo, se le atribuyen continuos incumplimientos en las obras, que es la razón para haber terminado el contrato del primer paquete y de una demanda legal en el segundo.
En estos procesos jurídicos la Gobernación tendrá que concentrarse en recuperar $10.409 millones 573 mil que la administración Velásquez giró a dicho consorcio como anticipo por el segundo paquete, más el pago de dos actas parciales. Del primer paquete se recuperaron $14 mil millones y los actuales alcaldes quieren que se reestructure el proyecto, pero como se dijo serán menos viviendas y a mayores costos porque el contrato inicial se adjudicó a precios del 2021 y esto obliga a hacer un recálculo. Fuera de eso hay acreencias laborales y prestacionales de trabajadores que el consorcio no ha pagado.

Cómo habrá sido la situación, que hasta el representante legal del consorcio señaló que hubo varias
irregularidades en la contratación de la anterior administración. Por todo esto, la apuesta del gobernador, Henry Gutiérrez, y sus equipos de Vivienda y Jurídica debe ser mantener un trabajo arduo para destorcer lo más pronto posible este proyecto en sus dos fases, no claudicar en esta misión hasta establecer qué fue lo que en realidad sucedió para que se les incumpliera a las familias, a los municipios y al propio departamento y desde luego comenzar obras ojalá este mismo año en los 14 municipios afectados para resarcir el perjuicio ocasionado.