Desobligante, por decir lo menos, fue el paro armado que ordenó y ejecutó el Eln en Chocó. Fueron ocho días en los que esta guerrilla mantuvo secuestrados a unos 45.000 colombianos que viven en zonas urbanas y rurales de los municipios de Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y el Litoral de San Juan, impidiéndoles el ejercicio de sus derechos, sobre todo al de la libre movilidad, terrestre y fluvial, que no se le puede prohibir a ningún ciudadano, excepto casos especiales, como ocurrió en la pandemia para garantizar y proteger la vida de los colombianos.
Quien lo haga con fines ilícitos, como sucedió con los chocoanos, es un delito; no se le puede catalogar de otra manera. La Defensoría del Pueblo ratificó que la infancia fue la principal víctima. No es cierto, como dijo el Eln el lunes en un comunicado, que no se habían presentado incidentes en esos ocho días. Según la Defensoría, debido a la imposibilidad de hacer traslados a centros asistenciales para recibir atención médica, murieron dos bebés y una mujer; además de 5.000 niños y adolescentes de comunidades afro e indígenas que no pudieron asistir a clases porque estaban suspendidas y estudiantes que no pudieron presentar el domingo la Prueba Saber 11.
Este paro armado ejecutado por un frente del Eln, obligatorio acatarlo porque de lo contrario hubiesen sido más los muertos, también llevó al desabastecimiento de productos de la canasta familiar y de combustibles que son esenciales para el desarrollo de actividades en esta región que se mueve mayoritariamente vía fluvial. Completa el cúmulo de irregularidades, que hubo unas 600 personas de una comunidad indígena que reportaron síntomas de malaria, pero solamente se pudieron hacer 200 pruebas, de las que 160 fueron positivas. Los enfermos no pudieron acceder a servicios médicos ni a medicinas.
Lo sucedido en Chocó no se puede quedar como un paro armado más en el país. Menos cuando el Eln en su comunicado afirma: “Damos por finalizado el paro armado y agradecemos a las comunidades por haber acatado la orden..., les invitamos a seguir organizándose y luchando por la dignidad y la defensa del territorio y la vida”. Esta guerrilla no puede distorsionar el concepto de poderes en Colombia. Las órdenes las da el Ejecutivo a través de leyes y decretos que tienen que cumplir normas legales, y los miembros de la Fuerza Pública garantizan la seguridad nacional, no los grupos irregulares alzados en armas.

El Gobierno Petro debe prestar toda la atención a lo que está sucediendo en territorios debilitados económica y socialmente, en los que guerrillas y autodefensas se han ido extendiendo y convirtiendo en ley. Demuestra que la Paz Total tiene fuertes fisuras y que se debe hacer un alto para revisar cómo se van a seguir permitiendo los diálogos, bajo qué requisitos y con qué cumplimiento estricto de voluntades. No se puede seguir siendo tan permisivo con las dualidades de estas guerrillas, que en las mesas de diálogo aparecen como apacibles personajes, pero en el campo actúan como delincuentes contra la sociedad civil.