El presidente Gustavo Petro parece haber olvidado sus épocas de congresista, en las que como senador lideró la oposición a varios gobiernos que lo antecedieron. Acudir ahora a discursos de odio social porque la Comisión Séptima del Senado pidió el archivo de la reforma laboral que su Gobierno propuso no tiene presentación en un jefe de Estado. Con esto, el Senado no se está saliendo del orden constitucional que establece la división de poderes en Colombia y hace uso de la autonomía legislativa para aprobar, hundir o archivar proyectos de ley.

Como presidente de la República, y en medio de delicadas situaciones territoriales de alteración del orden, Gustavo Petro debería estar concitando acuerdos, entre ellos políticos, y pacificando el país. Además, porque con el grupo jurídico de Presidencia podría explorar posibilidades para insistir con una ponencia alternativa. El presidente debe recordar que, como cuando él fue congresista, el éxito o fracaso de cualquier iniciativa de ley radica en el trabajo para lograr consensos y así, las mayorías. Haber nombrado en un momento clave como este a Armando Benedetti como ministro del Interior, que es el encargado de las relaciones políticas en el Congreso, no ha sido de buen recibo por muchos y ahí empiezan a tambalear las iniciativas.

También hay que dejar claro que el presidente Petro, dentro del sistema democrático que nos cobija, está en su derecho como mandatario a convocar a una consulta popular para que el pueblo decida sobre sus reformas, entre las que también dice que va a incluir la de la salud, que fue aprobada en Cámara y pasó a debates en el Senado. Este mecanismo de participación establecido en la Constitución requiere cumplir un proceso y se puede convocar para asuntos que no modifiquen la Constitución y si es así debe ser aprobada previamente por el Senado. Entonces no es algo inmediato y se debe evaluar su conveniencia en cuanto a costos, y si es necesaria para estos temas o mejor para otros.

Este proyecto de reforma laboral, como habían advertido en mesas técnicas los gremios, industriales y comerciantes desde el inicio del trámite en el Congreso, se considera inconveniente e inoportuno para generar las oportunidades de empleo que necesita el país porque lo hace un 30% más costoso, y además insostenible, especialmente para medianos y pequeños empresarios, donde está el grueso de la fuerza laboral en Colombia. Si el Gobierno nacional hubiese hecho el esfuerzo y hoy se tuvieran otras condiciones económicas, quizás sería posible pensar en este tipo de cambios.

Como está concebida la reforma laboral, beneficia a quienes tienen un empleo formal, no a quienes necesitan trabajo ni a las personas que están en la informalidad, que es una necesidad sentida del país. En esto no se puede mentir ni crear falsas expectativas de aumento del empleo porque no va a ocurrir. Adicionalmente, lo sucedido en el Senado claro que puede llevar a protestas ciudadanas, como otro derecho protegido por la Constitución, lo grave es que una convocatoria de este tipo puede pasar con facilidad a acciones que alteren el orden en las calles. El país no está para eso.