Desde hace meses, varios expertos y agentes del sector eléctrico vienen advirtiendo el riesgo de racionamiento ante una próxima ocurrencia del Fenómeno de El Niño. La crítica situación se deriva de la estrechez del margen entre oferta y demanda de energía eléctrica en Colombia, lo cual explica, en parte, los precios altos que se observan desde hace ya más de una década. Y lo más grave es que la escasez de energía restringe las oportunidades de desarrollo socioeconómico, tal como está sucediendo en Bogotá y en otras regiones del país.
Llama la atención que apenas estemos advirtiendo una situación que se viene manifestando desde el 2013 cuando una temporada más seca de lo normal dejó en evidencia la vulnerabilidad de nuestro sistema eléctrico y después de ello no han sido pocas las ocasiones en que hemos estado muy cerca de tener que racionar el suministro de energía. Durante varios años se han aplazado y evadido las conversaciones y decisiones difíciles y todo indica que no hay más tiempo. Los problemas estructurales deben atenderse con soluciones estructurales, y en este caso una revisión profunda de la política energética resulta urgente y prioritaria, aún en contra de varios intereses particulares.
El modelo de expansión del sector eléctrico en Colombia establecido luego del apagón de 1992 ha sido exitoso y nos ha permitido disponer por tres décadas de un servicio continuo, de calidad y eficiente. Y hemos construido un parque de generación con un componente hidráulico envidiable por otros países, que nos permite disfrutar de una matriz eléctrica muy limpia.
Pero el modelo se ha quedado corto para atender los problemas actuales, por lo que, así como se hizo en el 2014 cuando se impulsaron instrumentos de política para favorecer la entrada de fuentes no convencionales de energía renovable, hoy debe observarse más en profundidad, complementarlo y dotarlo de instrumentos eficientes para generar las condiciones que nos permitan aprovechar mucho más eficientemente el importante potencial energético del país.
Se trata de una conversación difícil, pues convoca intereses muy divergentes entre Gobierno, empresas y sociedad civil. Pero debe darse y resolverse lo antes posible. Lo que estamos haciendo hoy es insostenible. Las granjas solares son bienvenidas, pues complementan muy bien a las plantas hidráulicas, pero la expansión fundamentada de manera casi exclusiva en esta tecnología resulta claramente insuficiente. Y no tardan los movimientos de oposición social en protestar contra las granjas solares, así como lo hacen contra otro tipo de proyectos de infraestructura del sector, pues es claro que por muy limpias y renovables que sean también tienen impactos ambientales y sociales que se van a evidenciar con mucha más claridad en los próximos años.
Y así como la expansión de la generación, las líneas de transmisión sufren un calvario parecido. Los retrasos en estos proyectos son el pan de cada día, lo cual termina profundizando y complicando la situación de la oferta energética, pues la capacidad de conexión de nuevos proyectos está prácticamente agotada.
Buena parte del país está entretenido y aplicado a las elecciones del próximo año, pero muy seguramente los gremios y las empresas han avanzado en la construcción de propuestas serias y sensatas para poner a consideración del país a partir de agosto del próximo año. Por el bien de todos, ojalá que así sea.