Han pasado más de seis meses desde la posesión de los actuales mandatarios locales y regionales, y cada uno de ellos a la fecha, cuentan con su Plan de Desarrollo estructurado y aprobado, permitiendo identificar las principales apuestas que realizarán las entidades territoriales en el actual período de gobierno.
De acuerdo con el análisis de los componentes diagnósticos y participativos de dichos planes, el mantenimiento de vías sigue siendo la principal solicitud que hacen las comunidades campesinas caldenses a las alcaldías y la Gobernación, además, en la actualidad, estas se encuentran en crítico estado y diariamente se conocen afectaciones por cuenta de la ineficiencia del mantenimiento rutinario, la falta de obras para el mejoramiento de infraestructura y los estragos generados por la temporada de lluvias.
La construcción y mantenimiento de vías, regularmente está asociada a los aspectos de tipo económico, sin embargo, tienen una gran relación con el desarrollo social, toda vez que acercan a las comunidades a sus derechos, y aún más cuando se trata de la ruralidad, siendo estas el mecanismo para acceder a la oferta de salud, educación, cultura, entre otras que requieren los campesinos.
De acuerdo con la categorización vial que existe en el país, se cuenta con vías que son responsabilidad de la Nación, del Departamento y de los municipios, otorgándoles las competencias para garantizar que las comunidades puedan transportarse de manera adecuada por los territorios. En Caldas, la Ordenanza 230 de 1997 hace referencia a las vías que son consideradas como departamentales, es decir, que su adecuación, mantenimiento y funcionamiento están a cargo de la Gobernación de Caldas a través de la Secretaría de Infraestructura, la cual dispone de recursos financieros, profesionales y de maquinaria para garantizar este derecho social.
En todas las subregiones del departamento se evidencian vías intermunicipales en mal estado, con deficiencias en la estructura de pavimento, pérdidas de banca, deslizamientos, falta de señalización, entre otras, situaciones que generan una alta accidentalidad y otros problemas que dificultan la conectividad entre localidades e impiden el tránsito seguro. Es indignante que las comunidades tengan que continuar padeciendo esta situación y afrontar las consecuencias del freno al desarrollo por la falta de voluntad política. 
De igual manera, es preocupante la grave situación en infraestructura que se presenta en las llamadas vías del hermanamiento entre Caldas y Antioquia, donde ambas gobernaciones se comprometieron a realizar las acciones financieras y técnicas para pavimentar las vías Riosucio-Jardín, Supía-Caramanta; en ambas situaciones se presentan problemas, evidenciándose retrasos que están afectando a miles de habitantes. Ni qué decir de las vías rurales en los municipios, que por su estado afectan la calidad de vida de los campesinos, limitando la capacidad de producción del campo y aumentando las brechas sociales.
La situación de las vías en Caldas pasa por un mal momento, prueba de ello es que el primer cambio en el gabinete del gobernador, Henry Gutiérrez, haya sido el secretario de Infraestructura, un funcionario que mostró ser ineficiente y de oídos sordos ante la solicitud de campesinos, comunidades étnicas, alcaldes y diputados. Para obtener verdaderas transformaciones las apuestas deben ir más allá de lo burocrático, exige ponerlas en la agenda pública y asignarles los recursos necesarios para entregarle respuestas adecuadas a las comunidades, que todos los días encuentran impedimentos a la hora de transportarse. 
Por su parte, el Gobierno de Gustavo Petro sigue sin entregar resultados, el programa Caminos para la Paz, que fue vendido como la solución a los problemas rurales en el país, sólo ha ejecutado el 1% del presupuesto a un año de su inicio, engañando y jugando con las ilusiones de las Juntas de Acción Comunal que esperan la asignación de los recursos para materializar el sueño de tener vías dignas.
Esperamos que la Gobernación de Caldas en articulación con las alcaldías construyan una estrategia sólida y con acciones contundentes para mejorar las vías del departamento, pasando del discurso a la acción para acercar a los campesinos a sus derechos y de esta manera gestarse una verdadera apuesta gubernamental para reactivar el desarrollo rural.