El pasado 29 de diciembre se conoció el tan esperado decreto del salario mínimo para el 2026. Los gremios económicos pusieron el grito en el cielo por lo que ese nuevo ‘mínimo’ representa para sus costos laborales, mientras que los sindicatos de trabajadores celebraron con alborozo la nueva cifra. Y mientras tanto, el Gobierno nacional sacaba pecho con un incremento del 23,7% para un salario “vital familiar” de 2 millones de pesos, incluido subsidio de transporte.
¿Le conviene esto a la economía? La respuesta, como todo, tiene sus matices. Si optamos por la fácil, por supuesto que el incremento se traduce en bienestar y dignidad para los afortunados trabajadores que ganan un salario mínimo; sólo 1 de cada 10 empleados. Pero si revisamos la respuesta técnica, la realidad es otra: un alza desproporcionada del salario mínimo tendrá un efecto nocivo para la economía y los perdedores seremos todos, ciudadanos, empresarios, trabajadores, todos por igual. Veamos por qué.
Comencemos por el efecto inmediato, la inflación. Un aumento desbordado del salario mínimo incrementa los costos laborales de las empresas y de sus proveedores. Y estos mayores costos se traducen en mayores precios, por lo que los beneficios del salario se desvanecen. Vendrán alzas de precios en muchos productos de la canasta familiar, vivienda, transporte, educación, servicios públicos, salud, entre tantos otros.
En efecto, los ‘técnicos’ del Banco de la República ahora esperan una inflación 1,55% más alta en el 2026, como consecuencia de este nuevo ‘mínimo’. Y aunque el Gobierno lo niega, la verdad es que está tan preocupado por los efectos inflacionarios de esta medida, que ya anunció un “control de precios” al mejor estilo de fallidos gobiernos de América Latina. ¡Sólo eso nos faltaba, un decretazo de control de precios!
Y por el lado de las empresas, las cosas no pintan mejor. Ante un incremento exagerado del costo
de sus nóminas, sencillamente tendrán que apretar márgenes de utilidad, subir precios, reducir personal o una mezcla de todo lo anterior. Tristemente, me han comentado varios empresarios la decisión de reducir empleos este año. Es decir, se viene un despido inesperado de empleados formales de salario mínimo. Sólo un sencillo ejemplo: ¿se imaginan cuántas copropiedades están pensando en automatizar la vigilancia y prescindir de los celadores? Qué tristeza.
En Colombia la mayoría de las empresas son micros y pequeñas. Pequeños industriales, pequeños comerciantes, pequeñas empresas de servicios. ¿Qué les implica a estas un salario mínimo desproporcionado? Simplemente, desvincular trabajadores o dejar de contratar nuevos, lo que contribuye a una mayor informalidad laboral, en un país donde más de 11 millones de personas trabajan en un empleo informal, es decir sin seguridad social y con un salario muy por debajo del mínimo.
Por supuesto que un salario mínimo más alto dignifica el trabajo. Ello es indudable. Pero sin crecimiento económico sostenido, sin mayor productividad y sin generación de empleo formal esa dignidad puede convertirse en todo lo contrario. Palabras más, palabras menos, pareciera que el Gobierno nacional ha expedido un decreto para subir la inflación y fomentar la informalidad.