Serían de admirar, si no hicieran daño a la justicia, al país y a la democracia, las intervenciones de los defensores de personajes cuestionados por violaciones a la Constitución Nacional y las leyes, al sistema de gobierno, al erario y a la seguridad ciudadana, que logran dilatar los procesos hasta conseguir la prescripción por vencimiento de términos, para que los encartados puedan finalmente proclamar que se hizo justicia con ellos; y que los largos y tediosos procedimientos fueron persecución política de sus contradictores, con la complicidad de magistrados proclives, testigos falsos y pruebas amañadas.
Asuntos como la creación de grupos militares paralelos a las fuerzas regulares y financiaciones ilícitas de campañas, son ostensibles; e involucran a lo más “granado” de la política nacional. Las autodefensas se justificaron por la incapacidad del Estado para proteger a los empresarios, especialmente ganaderos, del secuestro y la extorsión, tanto que altos oficiales de las Fuerzas Armadas se unieron a la causa.
Empresarios y militares no calcularon que el engendro se les saldría de control y que el paramilitarismo, un monstruo peor que la guerrilla, o por lo menos igual, después aliado del narcotráfico, tendría idéntica letalidad y superaría la capacidad operativa del gobierno, al punto de desafiarlo y proponerle negociar una “paz total” a la medida de sus aspiraciones, contando con su fortaleza militar, inmensos recursos económicos y aliados infiltrados en el gobierno, a todos los niveles civiles y militares. Es decir, desde modestos colectivos urbanos hasta actores que ofician desde el alto gobierno.
Si las altas personalidades políticas involucradas hubieran hecho un oportuno acto de humildad, reconociendo la coautoría del grupo paramilitar original, la justicia hubiera aceptado justificaciones pertinentes, sancionando el delito (que lo es) con suavidad, economizándole al país debates, audiencias, voluminosos expedientes y tediosos discursos de defensores, que, con innegable elocuencia, eruditas evocaciones académicas, imponente porte y bien construida gramática, ante las evidencias inventan justificaciones, proponen dilaciones, aplazan los procesos y, por supuesto, cobran jugosos honorarios, tras el soñado recurso de la preclusión. Lo de los honorarios tiene que ver con la certeza de que el defendido es culpable y cuenta con abundantes recursos económicos.
Y la función continúa: Un artículo firmado por la que es considerada “dama de hierro” de la presidencia, publicado en El Tiempo el pasado 19 de mayo, punto por punto justifica y exalta los cambios que adelanta el Gobierno desde el Congreso Nacional, desconociendo que el debate, y las controversias que ha desatado sólo han conseguido crear inestabilidad y temor entre los usuarios y beneficiarios de servicios esenciales y expectativas entre los inversionistas, que generan baja productividad y desempleo. El artículo aludido, deja serios interrogantes: ¿la señora vive en Colombia?, ¿sabe lo que dice, o se lo dictan?, ¿inspira su apoyo al despelote el bienestar de los colombianos o la conservación del puesto?, o ¿nos cree pendejos?