Como estaba anunciado, el ministro Bonilla presentó la mal llamada ley de financiamiento, que no es otra cosa que una pura y muy dura reforma tributaria. Viene a sumarse esta iniciativa a la tributaria de 2022, cuya aplicación paralizó la economía, al tiempo que se redujo el recaudo. Todo un logro de Mr. Taxes, que nunca entendió que no se puede asfixiar a los contribuyentes, pues la cuerda termina por reventarse, como ocurrió con los 11,2 billones de menor recaudo en 2023 y la caída de cerca de un 7 % de lo presupuestado en el presente año. 
La reforma propuesta es mentirosa, respira odio y recae sobre los contribuyentes que más se vieron afectados en 2022. Es mentirosa porque plantea reducir la tarifa del impuesto de renta para personas jurídicas, pero solo a partir de 2026, cuando ya este gobierno habrá terminado. Fácil girar contra los recaudos del próximo gobierno.
De la mano de esta falsa ilusión, el proyecto procede a aumentar la tasa mínima de tributación de las sociedades, la cual pasa del 15 al 20 %. En lugar de eliminar esta tasa, que es totalmente antitécnica y genera en el tiempo múltiples tributaciones sobre un mismo ingreso.
Luego el proyecto regresa al antitécnico impuesto sobre el patrimonio para ampliar el grupo de contribuyentes sometidos a este. Este abusivo impuesto terminará por sacar del país a los 3.154 colombianos que aún no han trasladado su residencia fiscal al exterior. Recuerdo que ya se han ido 75.000 personas por causa de un impuesto cuyo recaudo está muy lejos de lo esperado.
 Y para continuar con la persecución a los empresarios medianos y pequeños se elimina el régimen simple, lo que implica que las personas que se encuentran en este régimen pasarían al régimen ordinario, lo cual, en plata blanca, aumentará la tasa a pagar de un 14 a un 41 %. Miles de contribuyentes se verán forzados a volver a la informalidad. El Gobierno miente cuando niega que este régimen no ha sido un éxito, pues el 52 % de los contribuyentes antes de este régimen simple no tenían RUT ni eran contribuyentes.
Para seguir con el derroche, el proyecto flexibiliza la regla fiscal en momentos en que más se debería respetar. La consecuencia será el aumento del déficit fiscal, del riesgo país, del costo del financiamiento público y privado y, en últimas, la parálisis de la economía.
 Pero tenemos que celebrar que el Congreso empieza a sintonizarse con la opinión pública al negar el mentiroso monto del presupuesto, cuyo déficit no era de 12 billones, sino algo más de 40, sin incluir los 11 del fondo de compensación que también faltarán, pues el diésel no se incrementará a partir de diciembre, como quedó en la negociación con los transportadores. Muy bien parados vi a los parlamentarios de las comisiones económicas. Sin ese presupuesto chimbo nos evitaremos el más chimbo proyecto tributario. Y que Petro saque su presupuesto por decreto. Es su talante autoritario.