Me llama la atención que dentro del paquete legislativo anunciado por el Gobierno no figure la reglamentación de las consultas previas, tema sobre el cual se debería generar el tan anunciado acuerdo nacional, ya que de ello depende la realización de los principales para el desarrollo del país.

En esta materia, la situación no puede ser más agobiante. Colombia es quizás el país en el que peor se ha entendido el alcance de las famosas consultas. Porque los funcionarios que terminaron suscribiendo los acuerdos de la OIT no entendían nada al respecto, y mucho menos las consecuencias de su irresponsable actuación para un país en pleno desarrollo. Hoy debemos registrar con preocupación cómo esas consultas se han convertido, en la mayoría de los casos, en fuente de corrupción y extorsión y en la parálisis de cientos de proyectos, paradójicamente en las zonas más olvidadas y necesitadas del país.

De su reglamentación nadie ha vuelto a hablar, pero lo cierto es que es urgente establecer costos razonables para aquellas, además de tiempos precisos y compensaciones proporcionales al costo de los proyectos. La conclusión no pudo ser más alarmante: tenemos, a hoy, 808 proyectos paralizados por causa de 5.038 consultas previas. La infraestructura nacional es la más perjudicada: 297 proyectos con más de 1.053 consultas, un 36% de obras claves para la reactivación económica. Si se accediera a satisfacer las exigencias de las comunidades, los costos de los proyectos podrían incrementarse en un 300%. Lo cierto es que alrededor de esta institución se han conformado poderosos y temibles carteles.

En el sector eléctrico hay 205 proyectos a la espera de resolver 1.590 consultas previas. Para 2035 se esperaba contar con 65 parques eólicos en la Alta y Media Guajira, lo cual anticipo ya no será posible. Entre 2019 y 2021 se adjudicaron más de 2.000 MW para las plantas de generación renovable en la región, ninguna ha iniciado operaciones. Muy grave que más de 600 comunidades tomen la decisión de vetar los proyectos. Ni qué decir del sector de la minería, con 162 proyectos paralizados por 1.278 consultas. En el 2023, los conflictos sociales en las zonas mineras aumentaron en un 46%, pues la minería ilegal no hace consultas ni necesita licencias y financia la actividad de los grupos ilegales.

Colombia podría producir 700.000 toneladas año de cobre, más del 40% de la producción mundial, pero sus tres principales proyectos se encuentran parados. Por el lado del carbón, el panorama también es desolador, afectando gravemente a empresas como la Drummond y Cerrejón, así como a la minera Cerromatoso, entre otras. Imposible que el chantaje, la extorsión y la falta de autoridad del Estado, que no solo no reglamenta la materia, sino que permite que se acuda a las vías de hecho, que ampara diligentemente, tengan tan afectados a sectores estratégicos de la vida nacional. A este paso se terminarán de ir cansados todos los inversionistas y las empresas que han creído en el país.