Ni 24 horas duraron las buenas intenciones del nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Ni un día los términos de su acuerdo con Petro para ingresar al gabinete. Su mensaje institucional y de apego a la Constitución del 91 quedó hecho trizas ante el trino de Petro, en el sentido de que primero que una constituyente es el poder constituyente.
 
Debo reconocer que las declaraciones de Cristo me entusiasmaron porque, como he sostenido de tiempo atrás, el tema de la constituyente hay que enfrentarlo ya y bajo las reglas establecidas, es decir, con aprobación del Congreso y revisión de la Corte Constitucional; lo cual supone, como es natural, un acuerdo nacional previo como lo propuso el ministro. Pero no. Nada de eso ocurrirá. Porque, como ha quedado claro tras las declaraciones de Petro al presidente de la Corte Constitucional, doctor Reyes, lo que no le gusta a Petro es la propia Constitución Nacional (CN) porque, entre otras, no ha permitido la financiación de la educación, ni la reforma agraria, ni ha servido para ordenar el territorio, ni la justicia ni la política. Tampoco el clima, ni el agua, ni la vida ni mucho menos la paz han conseguido ser respetadas en Colombia, por cuenta de la CN. A Petro no le gusta nada de esta Constitución que juró defender. Más claro, imposible.
 
Y a este barco fue al que se subió en mal momento el ministro Cristo. Y ahora le tocará capotear el vendaval del poder constituyente, de las constituyentes de bolsillo al mejor estilo venezolano, con total ruptura de la institucionalidad. Con lo cual no nos dejará más camino que el de la Corte Constitucional y su capacidad de atajar el decretazo que se ha cocinado en la mente de Petro desde hace quién sabe cuántos años. No hay, por tanto, un tema de mayor relevancia nacional que este. No hay una sola institución que debamos cuidar más que la Corte porque recibirá toda la carga de Petro para cooptarla y ponerla a su servicio.
 
Como abrebocas, ya consiguió Petro elegir al doctor Vladimir Fernández como reemplazo del jurista Alejandro Linares, y el próximo 16 de julio también Petro ternará al remplazo de la doctora Cristina Pardo. Con lo cual, asumo yo, sumará 4 votos favorables a las políticas del actual Gobierno. Afirmo lo anterior, pues me he puesto a la tarea de consultar el sentido del voto en las decisiones más trascendentales para el Gobierno de dos magistrados en particular: los doctores Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel.
 
Comencemos por el tema de la llamada ‘paz total’. Aquí lo que observo es que en las sentencias C-262, 363, 525 y 542 de 2023 ambos magistrados votaron la exequibilidad de las normas en unos casos y la decisión de declararse inhibida en otros, pero siempre respaldando el contenido del instrumento. Otro tema particularmente sensible para el Gobierno fue la exequibilidad de la reforma tributaria, Ley 2277 de 2022. En los más de 9 fallos que analicé, todos en relación con esta ley, se observa una misma línea de conducta de los magistrados Cortés y Ángel para mantener a salvo los tributos creados en la reforma.
 
Un tercer tema de enorme sensibilidad era el plan de desarrollo. Aparte de las sentencias C-357 de 2023 y C-035 de 2024, ambas favorables al Gobierno, vale la pena señalar el Auto A-705 de 2024, cuyo ponente fue el doctor Juan Carlos Cortés, quien, en conjunto con la doctora Natalia Ángel, en lugar de decretar la inexequibilidad del Plan de Desarrollo, ordenó al presidente del Senado de la República subsanar el procedimiento de aprobación.
 
Y la cereza del helado fue la Sentencia C-161 de 2024, en relación con la Ley 2281 de 2023, que creó el Ministerio de Igualdad y Equidad. Qué tal la decisión de declarar la ley inconstitucional, pero conceder dos años para que siga funcionando. Ambos magistrados acompañaron esta decisión.
 
Entre febrero y septiembre de 2025, además de la doctora Pardo, serán reemplazados los magistrados Lizarazo, Reyes y Fajardo, todos ternados por las altas cortes. A estas corporaciones y al Congreso corresponderá proponer y elegir personas independientes e inequívocamente jugadas con la defensa de la Constitución Nacional. Es muy probable que a esta Corte, con 4 nuevos miembros, corresponderá en 2025 la revisión del decreto constituyente de Petro. El Gobierno jugará muy duro esta partida, la definitiva. Por eso es hora de prender todas las alarmas.