Hace setenta años la causa de las personas y comunidades negras entró en un nuevo ciclo de reconocimiento y defensa de los derechos humanos. El 1 de diciembre de 1955 Rosa Parks, una mujer negra que viajaba en un bus de la ciudad de Montgomery, en Alabama, se negó a ceder su asiento a un pasajero blanco, desafiando las leyes de segregación vigentes. Su detención generó una movilización social que transformó la lucha por la igualdad en Estados Unidos.
Aunque un año antes las jóvenes Claudette Colvin y Mary Louise Smith ya habían protagonizado gestos similares, fue la acción de Parks la que logró desbordar el umbral social y jurídico, desencadenando el célebre boicot de autobuses de Montgomery, que se extendió por más de un año.
Si trasladamos esa lógica de protesta al contexto colombiano, el paralelismo resulta revelador. Si los jugadores negros que conforman buena parte de los equipos de fútbol profesional decidieran realizar un boicot por motivos raciales, la liga entraría en crisis. Paradójicamente, el fútbol ha sido uno de los pocos escenarios en los que las personas negras constituyen mayorías visibles y admiradas. Sin embargo, muchos de estos atletas provienen de territorios marcados por la pobreza, la violencia y la ausencia de Estado, como Chocó y Cauca, regiones que ni siquiera cuentan con equipos profesionales, reflejando una inequidad histórica: en casa de herrero, cuchillo de palo.
Aunque la Constitución Política de 1991 transformó el marco jurídico colombiano, no incluyó una referencia expresa a los derechos de las comunidades negras. Esto se explica, en parte, porque el único delegado afrodescendiente elegido para la Asamblea Nacional Constituyente, Francisco Maturana, renunció irresponsablemente tras tres meses de ejercicio. Aun así, la Ley 70 de 1993 se convirtió en el instrumento más significativo para proteger derechos territoriales, culturales y colectivos de estas comunidades.
Entre sus avances destaca el artículo 39, que ordena la incorporación de la cátedra de estudios afrocolombianos en los currículos educativos, un mandato que continúa pendiente, al igual que la implementación de la enseñanza de la historia de Ley 1874 del 2017. Revisar estos acontecimientos debería impulsar una mirada más profunda hacia las comunidades negras del departamento de Caldas, presentes especialmente en Supía, Marmato, Riosucio y La Dorada. Sus aportes y su historia siguen siendo poco reconocidos en la narrativa regional, pese a su peso cultural y demográfico.
En 1954, apenas un año antes del acto de Rosa Parks, las mujeres colombianas lograron el derecho al voto, lo que evidencia cómo las discriminaciones por raza y género han compartido trayectorias simultáneas. La reciente película Estimados Señores (2024), dirigida por Patricia Castañeda, aborda precisamente esta batalla por la ciudadanía femenina.
Recordar a Rosa Parks no es un ejercicio de nostalgia, sino un llamado a revisar a quién seguimos dejando al margen en nuestras propias regiones. La igualdad no se agota en las leyes; empieza cuando decidimos que nadie debe ceder su lugar en la vida pública por su color de piel, género o condición social.