Hace 35 años Bernardo Jaramillo Ossa hubiera cumplido 35 años.
Nació en Manizales el 2 de septiembre de 1955 y fue asesinado en Bogotá el 22 de marzo de 1990.
Ese lamentable hecho histórico solo recibió algunos pronunciamientos en las redes sociales.
El propio Centro Nacional de Memoria Histórica se manifestó señalando que había sido “un crimen de lesa humanidad que marcó la historia de Colombia”.
En la sede Palogrande de la Universidad de Caldas se observa un gran faldón que cuelga de su fachada anunciando un evento académico para reflexionar sobre la vida, el pensamiento del líder político y los problemas actuales de nuestra sociedad.
En el mismo lugar, donde precisamente hizo sus estudios de derecho, se conserva, como recuerdo, una placa y un cuadro con su imagen, como parte de un acto conmemorativo.
Todo indica que la academia avanza a un ritmo diferente al de las demás instituciones.
Me pregunto: ¿cómo ha procesado la sociedad manizaleña este crimen? ¿Qué ha significado en términos de paz y reconciliación que un partido político haya sido prácticamente eliminado a sangre y fuego? ¿Cómo garantizar que este tipo de hechos no se repitan en la cotidianidad?
Al momento de su muerte, Jaramillo Ossa había sido electo senador de la República, cargo que, lamentablemente, no pudo asumir.
Anteriormente, había sido concejal de Apartadó y representante a la Cámara por Antioquia, además de haber realizado estudios de política en Alemania.
El 27 de julio de 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia contra el Estado colombiano por la sistemática violación de derechos humanos hacia las personas que pertenecían a este partido político.
La muerte de Jaramillo Ossa representa el largo listado de ciudadanos y ciudadanas que, al considerarse parte de un proyecto democrático, fueron víctimas de un proceso de violencia sistemática.
Para ellos, la muerte nunca fue una opción; sin embargo, otro sector de nuestra sociedad creyó que la solución era exterminarlos.
Antes y después de Jaramillo Ossa también fueron asesinados, con la complacencia de agentes estatales: Rubén Castaño Jurado en el centro de la ciudad; su hijo Gonzalo Castaño; Ramón Castillo cuando salía de clase de la Universidad de Manizales; Luis Alberto Cardona, decano de la Unisarc y profesor de la Universidad de Caldas, y en Pereira, Gildardo Castaño Orozco, concejal de dicha ciudad.
Tanto la sentencia de la CIDH como el Informe de la Comisión de la Verdad deben seguir siendo instrumentos de diálogo y pedagogía permanente.
A ellos, agregaría el libro del profesor Rodrigo Santofimio Ortíz de la Universidad de Caldas, La Izquierda y el escenario político en Colombia: el caso de la participación de la Unión Patriótica 1984-1986, que contribuye a la comprensión de los fenómenos de animadversión observados por sectores políticos tradicionales que alentaron escenarios de intolerancia y violencia política contra la UP.
El deseo de tener territorios tranquilos y vivibles no puede ser el resultado de la negación, el silencio o la indiferencia respecto de la comprensión de nuestros hechos históricos, por dolorosos que sean.