Muchos colombianos no ven la hora de que se acabe el actual Gobierno. No son pocos los que llevan la cuenta diaria de los días que le restan. Mientras el tiempo pasa, el comportamiento del presidente parece agudizarse. La sensación general es que Colombia está siendo administrada como si fuera un negocio improvisado: sin control en los gastos ni en los ingresos, viviendo del crédito y sin claridad sobre cómo se pagarán los compromisos desproporcionados que está asumiendo el país.
Al presidente poco parece importarle lo que pueda ocurrir en el futuro; al fin y al cabo, serán otros quienes tendrán  que responder por las consecuencias de sus decisiones. Junto con el mal manejo económico hay otra preocupación que desvela a los colombianos: el recrudecimiento de la guerra y la violencia en los territorios. Los enfrentamientos, incluso entre los mismos narcotraficantes, se han intensificado, y cada día son más las zonas que están siendo tomadas por grupos armados ilegales. La percepción general es que el Estado está perdiendo la guerra y el Gobierno tiene una alta responsabilidad en ello.
Desde que Petro llegó al poder, se ha reducido de manera sostenida el presupuesto de la Fuerza Pública, se ha desmantelado la cúpula militar y se ha disminuido el número de uniformados del Ejército, decisiones que han debilitado la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y su presencia en las regiones. A esta sensación de derrota militar también ha contribuido la llamada “paz total”, impulsada por el Gobierno sin una planeación seria y con un alto grado de improvisación. Lejos de avanzar hacia una disminución real de la violencia, esta política terminó fortaleciendo a los grupos armados al margen de la ley y a las estructuras del narcotráfico.
Con la condescendencia del Gobierno y al amparo de los diálogos de paz, se decretaron ceses al fuego que en la práctica solo han sido respetados por el Estado. La figura de los gestores de paz impidió la persecución de personas requeridas por la justicia e incluso permitió la liberación de detenidos, lo que fortaleció de manera significativa a los grupos ilegales y les facilitó el control territorial.
Los ejemplos de la debilidad del Gobierno son numerosos, pero los hechos más recientes resultan especialmente alarmantes. El ataque al municipio de Buenos Aires, en el Cauca, ubicado a hora y media de Cali, dejó al descubierto la fragilidad del Estado. Durante más de siete horas el municipio fue prácticamente arrasado sin que apareciera el Ejército. A ello se suma el ataque con drones a una base de entrenamiento ubicada en Aguachica, Cesar. Ambos episodios evidenciaron  la precaria capacidad de reacción de las Fuerzas Militares. El uso de drones por parte de los grupos armados ilegales era conocido desde hacía tiempo, pero tuvo que ocurrir un ataque directo contra instalaciones militares para que el Gobierno reaccionara y reconociera la necesidad de tomar medidas defensivas frente a este tipo de amenazas. El país, una vez más, llegó tarde.
Hoy el Gobierno busca, a marchas forzadas, adquirir equipos para neutralizar drones. Lo grave es que no tiene recursos y tampoco existe voluntad política para hacer recortes en el gasto. La situación se complica con el serio problema del mantenimiento de los helicópteros militares, de los cuales un alto número no se pueden operar, pese a ser fundamentales para el control del orden público y el combate contra la guerrilla.