Como candidato, el presidente manifestó que la seguridad social del país era de las más malas del mundo y que las EPS eran unas corruptas. Por su ideología, consideraba que el sector privado no debería participar en esta actividad. El sistema que llevaba más de 30 años de funcionamiento, al que se le habían hecho ajustes permanentes y se le había tratado de controlar los malos manejos, ya no existe. Petro cumplió su promesa de campaña, así no se haya aprobado en el Congreso su reforma a la salud.

La fórmula para acabarlo fue estrangular económicamente a las EPS. Con la intervención en el mes de abril de Sanitas y Nueva EPS logró el control mayoritario de la prestación del servicio de salud de los colombianos. Las pocas prestadoras que no están en manos del Gobierno no ven la hora de salirse del negocio. Se pensaba que con la intervención de Nueva EPS, que es la más grande del país, se convertiría en el nuevo Seguro Social. Sin embargo, no fue así. El Gobierno no le inyectó recursos, no ha querido reconocer lo que el sistema le debía antes de la intervención y la tiene padeciendo las mismas dificultades que a las otras EPS.

Además de la intervención, el Gobierno decidió que la ADRES, entidad estatal encargada de los recursos de la salud, le girara la plata a las instituciones prestadoras de salud (IPS), que son las que prestan directamente el servicio. Antes, estos recursos se le entregaban a las EPS para que pagaran a sus proveedores. Ahora el problema se está presentando con las IPS. Hasta la fecha, la ADRES no ha pagado las obligaciones que tenía antes de las intervenciones. Solo está atendiendo los compromisos que se causan por el funcionamiento mensual, aclarando que solo reconoce el 80% de la facturación.

Las IPS están a punto de reventarse, para poder sobrevivir están recortando la planta de personal y los servicios. Se dice que el momento crítico, que sucederá cuando muchas de estas instituciones cierren sus puertas, se va a dar entre septiembre y octubre. El suministro de medicamentos, que también hace parte de la cadena, está en dificultades.

Los operadores del sistema de salud están esperanzados en que el Gobierno en algún momento disponga de los recursos para garantizar la prestación del servicio. Este giro se complica con el déficit presupuestal que tiene la Nación, por lo que de darse, muy seguramente va a llegar muy tarde y recortado. Tal como están las cosas, van a salir muchas IPS del mercado y otras van a quedar en muy mala situación. Mientras más se demore el giro de la plata, más difícil va a ser la recuperación de las instituciones y más complicado lograr que el sistema recupere el nivel que tenía.

En Manizales tenemos diferentes tipos de IPS. Públicas, mixtas y privadas. Entre las privadas hay instituciones cuyos propietarios son inversionistas extranjeros que tienen músculo financiero -Avidanti y Ospedale-. Las públicas, son Santa Sofía, que por su condición confía en que el Gobierno nacional le dé la mano y Assbasalud y San Isidro, que son del municipio y permanentemente los alcaldes han tenido que girarles plata.

Las otras instituciones mixtas y privadas, entre las que se destacan, SES, que es público-privado, y San Marcel que por ser de Confa, es privada, están haciendo su esfuerzo, aguantando y esperanzados en el giro del Gobierno y “haciendo fuerza”, lo mismo que los pacientes y la comunidad en general.