Por segunda oportunidad, el Congreso de la República le negó al Gobierno la reforma a la salud. En esta ocasión, la discusión fue prácticamente inexistente. El Ejecutivo no mostró mayor interés en estudiar las propuestas de la oposición y esta, a su vez, tampoco evidenció disposición para un debate de fondo, pese a que en las iniciativas de ambas partes existían puntos valiosos que podrían haber fortalecido el sistema.
El Gobierno reiteradamente señala a las EPS como corruptas, responsables de haberse apropiado de los recursos del sistema y de ser ineficientes en la prestación del servicio, argumento que utilizó para intervenir las principales EPS que operaban en el país, con el objetivo de “salvarlas”; sin embargo, los resultados no fueron los esperados. El fracaso de esta gestión se explica, entre otras razones, por los cambios permanentes de interventores, muchos de ellos sin la preparación, la experiencia ni el conocimiento necesarios para administrar este tipo de instituciones. A lo anterior se suma que cada nuevo interventor desconoce los compromisos adquiridos por su predecesor, obligando a las EPS e IPS a reiniciar las negociaciones desde cero.
Uno de los puntos de mayor controversia es la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que corresponde al valor que el Estado reconoce por cada afiliado. Para las EPS, el monto establecido no refleja los costos reales de la atención en salud. El Gobierno desconoce este reclamo, por lo que el ministro de Salud enfrenta un incidente de desacato de la Corte Constitucional, al no entregar la información sobre el reajuste.
La crisis está impactando de manera directa el gasto de los hogares. El reclamo de medicamentos se ha convertido en un verdadero viacrucis. Las filas en los puntos de entrega son interminables y comienzan incluso horas antes del amanecer. La falta de suministro de los fármacos formulados está obligando a las familias a adquirirlos con sus propios recursos, afectando gravemente su presupuesto y, cuando no disponen de ellos, el principal perjudicado es el paciente.
De igual manera, se presentan demoras prolongadas en la autorización de tratamientos y cirugías, incluidas las prioritarias y oncológicas. Ante el riesgo vital, quienes pueden se ven forzados a negociar directamente con las IPS, pagando el costo de los procedimientos y, en la mayoría de los casos, recurriendo al endeudamiento.
La crisis del sistema, que lo tiene al borde de la parálisis total, está trayendo también consecuencias para el personal de las IPS, donde se registran recortes de personal y retrasos en los pagos de nómina, así como un aumento significativo en la presentación de tutelas.
En medio del atraso en los giros que se ha venido presentando durante este año, en el sector existe una profunda incertidumbre frente a los recursos que deberían llegar a finales de este mes. Incluso se teme que, como represalia por la negativa a la reforma, el Gobierno retenga los desembolsos, lo que agravaría aún más la crisis.
Si bien es innegable que la corrupción ha sido una realidad dentro del sistema, esta no puede convertirse en la explicación ni en la excusa para que el Gobierno esté estrangulando financieramente a las entidades prestadoras de la salud de los colombianos.
En la actualidad, el Gobierno parece tomar sus decisiones en función de su futuro político, convencido de que la crisis de la salud tiene poco impacto en el desgaste de su imagen. Apuesta a que siempre habrá pacientes y a que, al final, “alguien” terminará atendiéndolos.