En el año 2007 el Juzgado Segundo Administrativo de Caldas resolvió una acción popular instaurada por un grupo de manizaleños, ordenando a Aguas de Manizales y Acuamaná, entidad que presta el servicio de suministro de agua a Villamaría, la construcción de las obras requeridas para el tratamiento de aguas residuales para el saneamiento de la cuenca del río Chinchiná, dandos un plazo de dos años a los municipios de Manizales y Villamaría y a Corpocaldas para que adelantarán las gestiones administrativas y presupuestales necesarias para llevar a cabo las obras requeridas.

Posteriormente en el 2008 el Tribunal Administrativo de Caldas confirmó la sentencia, aumentando el plazo a 6 años.

Para finales del año 2019 el proceso de contratación de la planta estaba prácticamente listo; Sin embargo, Carlos Mario Marín como alcalde electo, cuestionó el proceso, por lo que este se suspendió.

En el ejercicio de su mandato contrató los trabajos con la firma Mexicana Fypasa, la que finalmente no hizo nada y se le liquidó el contrato.

La presente Alcaldía retomó el tema. Por un lado recuperó judicialmente parte de los recursos que se le habían desembolsado al contratista y está pendiente del resultado de una demanda por incumplimiento.

Así mismo, está haciendo una revisión total de los diseños.

Se estima que la Planta propuesta estaba sobrediseñada, especialmente si se tiene en cuenta que falta la construcción de 8 km. de colectores de conducción de las aguas negras, que entre otras, tienen un costo aproximado a los $140 mil millones.

Para la construcción de la Planta en su momento, se contaba con recursos aportados por Aguas de Manizales, el Ministerio de Vivienda -mediante un crédito con la banca alemana KFW-, la Alcaldía de Manizales y Corpocaldas.

El convenio firmado entre las entidades aportantes se liquidó y se devolvieron los recursos que se habían dispuesto.

Es importante aclarar que la Planta contratada con Fypasa sólo servía para atender el 50% de las aguas servidas de la ciudad, que son las que se generan en el costado sur y van a dar directamente al río Chinchiná, y que el contrato firmado con Fypasa era por un monto aproximado a los $150 mil millones.

La propuesta que está analizando la Administración actual es que la nueva Planta se construya por etapas, lo que mejoraría la disponibilidad y el manejo de los recursos.

Así mismo, está contemplando la posibilidad de conseguir un inversionista que se vincule en la construcción mediante la figura de la Asociación Público-Privada, APP.

Hay que tener mucho cuidado con el manejo de las inversiones, porque a la final una parte de los recursos invertidos y el funcionamiento de la Planta, tendrán que pagar vía tarifa del servicio que presta Aguas de Manizales. Tema que puede ser muy sensible.

La meta de la Administración es dejar en ejecución la construcción de la Planta, como lo habían propuesto las dos administraciones municipales anteriores.

Han transcurrido aproximadamente 18 años desde el fallo del Juzgado. A pesar de ser un tema muy importante desde el punto de vista de sanidad ambiental, ha sido, por diferentes razones, muy complicado cumplir. Entre otras, por los costos que superan la capacidad de ejecución de los municipios involucrados.

Solo el manejo del 50% de las aguas que tributa Manizales se estima costará aproximadamente $500 mil millones.