La participación juvenil en Colombia enfrenta una tensión profunda entre los discursos institucionales que anuncian apertura democrática y las prácticas que restringen su incidencia real. El proceso electoral de los Consejos de Juventud, que tuvo lugar el 19 de octubre de 2025, se convierte en un acto simbólico de reconocimiento político, donde jóvenes entre 14 y 28 años ejercieron su derecho al voto. Para muchos fue su primera experiencia de participación, mientras que para quienes han acompañado este camino durante más de dos décadas representa la persistencia de una lucha por legitimar un espacio históricamente invisibilizado.
El departamento de Caldas realiza su primera elección en el 2003, reglamentada por la Ley 375 de 1997 y el Decreto 089 de 2000. En ese contexto se constituyen los Consejos Municipales con carácter deliberativo y pedagógico, que abren canales de interlocución con el Estado y fortalecen la participación juvenil. Por esta razón, cuando en el 2021 se afirma que se trata de “la primera elección de Consejos de Juventud en Colombia”, queda en evidencia la facilidad con que se diluye la memoria institucional.
Esta desconexión histórica no es un hecho menor, al desconocer los antecedentes normativos y políticos, se debilita el sentido de apropiación juvenil frente a sus espacios de participación. Por lo tanto, no es casual que el 5 de diciembre de ese año la abstención juvenil alcanzara el 86%, expresión no solo del desinterés frente a unos consejos con escaso reconocimiento institucional, sino también de una tendencia estructural en el país, donde la abstención electoral es históricamente alta.
Incluso en la elección presidencial del 2022, la participación apenas superó el 58%, lo que confirma que la baja participación no es exclusiva de la juventud, sino un rasgo arraigado en la cultura política nacional. Pero la abstención no es apatía individual, sino reflejo de factores estructurales más profundos, pobreza, exclusión, desconfianza institucional, violencia, clientelismo y una democracia que no garantiza una verdadera incidencia en las decisiones públicas. Participar o no participar es, en este escenario, una expresión política que revela condiciones de vida, historia local y formas de relación entre el Estado y las juventudes.
Wienand Romero y otros (2020) afirman que la tensión entre discurso participativo y prácticas institucionales se expresa en cuatro dimensiones, homogeneización institucional frente a la diversidad juvenil, centralismo que limita la construcción colectiva, precariedad que restringe su agencia política y crisis de legitimidad democrática, visible en la baja participación y el desplazamiento hacia formas no institucionales de acción.
Repensar las políticas públicas de juventud implica asumirlas como campos de disputa simbólica y material porque las juventudes no son actores pasivos, sus formas de organización territorial, cultural y política cuestionan las estructuras partidistas tradicionales. Al respecto, Nancy Fraser (2000), afirma que la democracia necesita esferas públicas múltiples y contrahegemónicas.
Así, la alta abstención no es solo un déficit democrático, sino el reflejo de una arquitectura institucional sin condiciones reales de incidencia. Reconfigurar la política de juventud exige una mirada integral, territorial y plural que asuma la participación como un derecho sustantivo. ¿Y si la abstención es, en realidad, el punto de partida para una nueva forma de hacer política desde las juventudes?