La democracia en Colombia no está suspendida, pero sí fragmentada, tal como lo advierten diagnósticos sobre la región. Aunque existen derechos, elecciones y mecanismos de participación, no logran traducirse en confianza, articulación social ni poder efectivo. La desconexión entre Estado, ciudadanía y territorios revela que la crisis democrática no es solo institucional, sino relacional. La gobernanza aparece no como un problema de normas, sino de vínculos; de la calidad de las relaciones que hacen posible -o no- gobernar en común.
Se sustenta en los hallazgos de la investigación Gobernanza inclusiva y participación política juvenil en la sociedad digital: un análisis crítico en Manizales y Villamaría, área metropolitana de Caldas, de mi autoría y recientemente finalizada. Muestra una paradoja central, las juventudes expresan una marcada apatía frente a los mecanismos formales de participación institucional no por desinterés en lo público, sino por desconfianza hacia espacios de consulta sin poder real de decisión.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indica que América Latina atraviesa un escenario de democracia fragmentada, caracterizado por la erosión de la confianza social, la polarización política y el debilitamiento de los mecanismos de mediación institucional. El creciente descontento derivado de la limitada movilidad social y de la percepción de ineficacia institucional ha llevado a muchas personas a abandonar los partidos políticos y a apoyar liderazgos personalistas que se presentan como antisistema. La brecha entre quienes se sienten representados y quienes se sienten excluidos se amplía, transformando un malestar en confrontación política.
Los gobiernos enfrentan fuertes presiones para actuar. La toma de decisiones y la redistribución material se convierten en respuestas visibles y necesarias frente a la desigualdad y la exclusión. Sin embargo, el PNUD advierte que la fragmentación social puede debilitar la gobernanza al incentivar medidas de corto plazo orientadas a mejorar la aprobación pública, a costa de inversiones estructurales y de largo aliento. Decidir y redistribuir resulta indispensable, pero no equivale automáticamente a democratizar. La redistribución sin deliberación puede aliviar tensiones inmediatas, pero no repara la fragmentación del vínculo democrático.
A partir del análisis realizado en la investigación, se evidencia que la gobernanza inclusiva, aunque importante, resulta insuficiente para fortalecer la democracia en la práctica. De este hallazgo surge la gobernanza relacional, no como una nueva teoría, sino como una forma de entender que la democracia se fortalece cuando mejoran las relaciones entre el Estado, la ciudadanía y los territorios, y no solo cuando se amplía formalmente la participación. En esta línea, el politólogo francés Pierre Rosanvallon (2008) afirma que la democracia contemporánea atraviesa una crisis de confianza que desplaza la participación hacia formas de vigilancia y repliegue social, sin capacidad real de incidencia en la decisión pública y, precisamente, la gobernanza relacional apunta a ese desafío, reconstruir mediaciones para que la participación no se agote en el gesto, sino que tenga efectos decisorios reales.
La crisis democrática contemporánea no se explica por un exceso de participación, sino por su neutralización. Se escucha, pero no se decide; se convoca, pero no se transforma. La pregunta central no es si la ciudadanía participa, sino si la democracia está dispuesta a reconocerse incompleta y a transformarse para gobernar desde relaciones más horizontales, territoriales y cognitivamente diversas. Sin esa transformación la democracia seguirá funcionando en los formularios, pero fragmentándose en la vida social, formalmente vigente, pero sustantivamente debilitada.