Los días 6 y 7 del mes en curso nuestro país trascendió una vez más al luto recordatorio del más aciago, infame y cruento atentado ocurrido en noviembre de 1985 contra uno de los tres pilares esenciales del poder público y que sustenta el principio democrático: la Rama Judicial, herida certera a una democracia -si era que a la sazón existía en su auténtico alcance y contenido-, la que venía ya resentida por los propios responsables de dirigir el Estado, derivado del clientelismo rampante, de la politiquería generalizada, del desgobierno entronizado, de la corrupción desaforada, de la desigualdad inaceptable, del caos social y de inseguridad, lo que estaba cosechándose desde años atrás (1957), todo lo cual dio lugar, en buena hora, a la Constituyente de 1991, pero hoy desafortunadamente recayendo casi en los mismos problemas de antaño.

Es increíble que a estas alturas de nuestro desarrollo institucional aún no se conozca la plena verdad de lo acontecido en esas fatídicas fechas, tal vez por el interesado ocultamiento de esa verdad por parte de algunos sectores; pero lo que sí parece cierto es el vacío transitorio del poder presidencial, sustituido por los militares, que tal vez soñaron con una especie de “fujimorazo” a la colombiana. Se dice igualmente que las fuerzas armadas estaban dolidas por las sentencias de responsabilidad estatal que para entonces había expedido el Consejo de Estado por violaciones a los derechos humanos atribuidas a ellas ¿Qué hubiera sucedido entonces si las miles de ejecuciones extrajudiciales que se tienen documentadas se hubiesen puesto en evidencia judicial en aquella época?

La justicia colombiana no solo ha sido flagelada con ese contundente golpe. También ha habido otros que han dado lugar a ponerla en entredicho y en el escarnio público al desdecir de su obrar público legítimo y pulcro, sacrificando con esas argucias el trabajo honesto y comprometido de la mayoría de los jueces de Colombia. Por eso no debemos olvidar los hechos de corrupción acaecidos en la más cimera de las Cortes, la Constitucional, así como en la Corte Suprema de Justicia. Hechos para olvidar, sin embargo, permanecerán de manera indefinida en el imaginario colectivo nacional.

Y exactamente mañana se conmemoran también los 40 años de la erupción del volcán Nevado del Ruiz con más de 35 mil muertes que produjo y el desaparecimiento de todo un pueblo, Armero; mucho se ha escrito de igual manera sobre el particular. En mi ejercicio de la magistratura en el Tribunal Administrativo de Caldas tuvimos la ocasión de resolver varias de las demandas formuladas contra la Nación por las omisiones en las que supuestamente incurrió y que originaron los daños que causó ese hecho natural.

Era uno de los temas más álgidos o difíciles para la judicatura en toda su historia, pues no se tenían antecedentes. Se trató de un caso de “fuerza mayor” en el que era imposible determinar cuál sería la magnitud o dimensión del desastre que a la postre se presentó. En ambos eventos quedó en el país el sabor amargo de los dos infaustos acontecimientos; empero, la justicia se levantó de sus cenizas y yergue majestuosa; el departamento del Tolima superó el desastre y sigue en la lucha por su progreso.