Escuché con atención la última entrevista que le hizo el periodista Daniel Coronel al dirigente empresarial José Félix Lafaurie con ocasión del crédito subsidiado que le fuera otorgado, al parecer sin muchas complicaciones, a uno de los hijos del exviceministro; algunas de sus respuestas me generaron preocupación o desasosiego; otras, sensibilidad ante la soberbia defensa que hizo de su heredero. Se pregona que ‘no hay mejor defensa que un buen ataque’, pero en el caso particular se me ocurre que este no favoreció al ilustre entrevistado.

De manera alguna me lleva este artículo a cuestionar el derecho que le pudo asistir a su vástago para obtener el beneficio crediticio subsidiado de una entidad del Estado, pues considero que si participó por un préstamo en igualdad de condiciones al común de los ciudadanos -lo que no aconteció en el sonado caso de “Agro ingreso seguro”-, era perfectamente válido que lo hiciera y lo obtuviera; lo que sí merecería reproche es que haya podido adquirir el préstamo por la posición privilegiada que ostenta su padre, o simplemente por el linaje o alcurnia derivado de su familia, lo que en mi sentir son también fuentes del abanico, “usted no sabe quién soy yo”.

El artículo 13 de la Constitución establece, “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.

Pero este artículo sí me lleva a llamar la atención sobre los procesos por los que han pasado o pasan un sinnúmero de personas, entre los que me incluyo, que, sin contar con influencias de ninguna índole han acudido a la entidad pública Banco Agrario a obtener un crédito para desarrollo agrícola y el mismo se les niega o los someten al cumplimiento de una serie de requisitos (burocratismo), que terminan venciendo al interesado que, en no pocas ocasiones, lo lleva a desistir de la ilusa posibilidad.

En la antigua Caja de Crédito Agrario, como en la entidad crediticia que le sucedió, se conocieron de multimillonarios préstamos a determinados ‘personajes’ que terminaron en ‘difícil cobro’, y sobre lo cual no volvió a difundirse nada. ¿Qué pasará ahora con los campesinos o pequeños propietarios que, sin voz, se ven ahogados con el mantenimiento del predio y pago de emolumentos y prestaciones al trabajador rural? El mismo Estado lleva a la precariedad.

Nuestro país ha cambiado favorablemente en muchos aspectos, pero también debe avanzar en que se abandone el sistema de influencias, no solo frente a las entidades oficiales sino también frente a privados para lograr efectivamente los cometidos sociales.