La historia de América no puede comprenderse sin la inmigración. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, millones de europeos cruzaron el Atlántico huyendo del hambre y la miseria.
Imaginemos a esas familias en los barcos: padres dejando tumbas atrás, madres guardando en sus bolsos la última carta de despedida, niños que nunca volverían a ver sus pueblos. Llegaban con poco más que sus manos y su esperanza. Países como Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos y Colombia abrieron sus puertas. Aquellos inmigrantes construyeron ciudades, desarrollaron economías y dejaron una huella imborrable en nuestras sociedades.
Hoy, la historia se repite de forma paradójica y dolorosa. Muchos descendientes de esos países que alguna vez fueron tierra de acogida observan con hostilidad cómo los inmigrantes son estigmatizados y tratados como amenaza. Se olvida que Estados Unidos es un país construido por inmigrantes; que América Latina entera es resultado de múltiples migraciones. Hemos olvidado que nosotros somos aquellos que cruzaron fronteras buscando vivir.
Desde lo jurídico, los inmigrantes son titulares de derechos fundamentales reconocidos en instrumentos internacionales y constituciones modernas. Pero estos derechos se extienden también a sus hijos y nietos, que crecen entre dos culturas y dos identidades. Negarles dignidad es desconocer nuestra propia historia. Humanizar la migración significa mirar a los ojos a quienes llegan.
Detrás de cada persona que cruza una frontera hay un proyecto de vida, una familia que espera, una historia de sacrificio. Estos hombres y mujeres son, en su mayoría, personas con auténtica vocación de trabajo: albañiles que construyen casas con precisión del amor, enfermeras que cuidan desconocidos como propios. Buscan dignidad y oportunidad de construir futuro. Su empeño laboral es frecuentemente subestimado. La política y el derecho no pueden perder esta dimensión humana sin vaciarse de sentido.
Pero la buena voluntad es insuficiente. El reconocimiento emotivo de estos derechos requiere legislación interna coherente y vinculante. Los tratados internacionales -Convención sobre Trabajadores Migratorios, convenios de la OIT, Convención Americana sobre Derechos Humanos- constituyen el bloque de constitucionalidad en sistemas como el colombiano, con rango constitucional y carácter obligatorio. Cuando un trabajador es explotado, cuando una madre no accede a servicios de salud para su hijo, cuando un padre es deportado sin debido proceso, estos tratados son violados. Existe un abismo entre los que prescriben estos instrumentos y la legislación interna que los desarrolla. Los Estados deben adoptar medidas legislativas específicas que garanticen acceso a justicia, protección laboral, seguridad social y derechos civiles para migrantes. Solo así se cierra la grieta entre compromiso internacional y realidad.
Respecto al ius sanguinis: descendientes de migrantes reclaman legítimamente nacionalidad de antepasados, buscando un vínculo, una pertenencia. En la práctica, estos procesos se ven entorpecidos por trámites excesivos y largas esperas. Sin desconocer soberanía estatal, estos procedimientos deberían ser más expeditos. Facilitar este reconocimiento es coherencia histórica.
Recordar que todos, en algún punto, hemos sido inmigrantes o descendientes de inmigrantes, es ejercicio de memoria y justicia. Defender derechos de quienes hoy migran no es debilidad, sino fidelidad a nuestra propia historia. Es ser consecuentes con lo que somos.