La semana pasada, el país conmemoró una de las fechas más dolorosas de toda su historia. El 6 de noviembre de 1985, el Palacio de Justicia en Bogotá fue ultrajado y violentado en un acto demencial del grupo guerrillero M-19, cumpliendo con el deseo de Pablo Escobar de destruir el voluminoso expediente de la extradición de los narcos y, de paso, asesinar a los magistrados de la Corte Constitucional que la tramitaban. 40 años han transcurrido desde este fatídico hecho que todavía estudiamos, para tratar de entender la complicada psiquis humana.

98 personas murieron, entre magistrados, funcionarios de la rama judicial, civiles, guerrilleros e integrantes de la Fuerza Pública, además de la desaparición forzada de 11 personas. Sin duda alguna, esta fecha marca un antes y un después en nuestra vida republicana, al cobrar las vidas de las más sobresalientes conciencias jurídicas del país, por el que el Estado fue declarado culpable por la falla en el servicio, al no proteger la seguridad del Palacio, pese a haberse conocido con anterioridad la amenaza, y por el desmedido operativo del Ejército al día siguiente.

La confrontación armada en su interior concluyó en la tarde del 7 de noviembre, luego del arrasamiento de las vidas humanas que allí se encontraban, junto con la destrucción de la sede de la justicia, abriendo una herida profunda en el corazón de una nación, cuyo doloroso acontecimiento se le planteó como el mayor reto y desafío que la subversión armada le haya formulado al Estado y que hoy, 40 años después, las mentes sensatas no alcanzan a entender como, por la vía democrática, un miembro de esa guerrilla fue elegido presidente, y peor aún, comandante en jefe del Ejército al que persiguió.

Los terroristas ingresaron al Palacio, no para realizar una acción en defensa del pueblo que decían defender, sino para silenciar a quienes estaban próximos a ratificar la extradición de los narcotraficantes, que bien les pagaba su atroz mandado. Lo indignante de este hecho criminal es que el M-19 como directo responsable fue amnistiado sin exigencia alguna, mientras los altos mandos militares fueron condenados a pagar años de cárcel, y a la institución armada y a la nación, a padecer el mando de un desquiciado mental que, por solidaridad de cuerpo como integrante de la misma, es igualmente culpable.

Gustavo Petro no tuvo inconveniente alguno en señalar la toma del Palacio de Justicia como un “acto genial”. Este vergonzoso presidente empieza a recoger los frutos de su actuar, al cancelársele la visa americana y ser incluido en la lista negra de la OFAC junto a su entorno familiar y de Gobierno, muy seguramente ampliado en los próximos días. La no participación de los principales mandatarios europeos a la Cumbre de la CELAC y de la UE en Santa Marta hasta el día de ayer, al igual que la cancelación de la Cumbre de las Américas cuya realización estaba programada para el mes entrante en República Dominicana, le están diciendo a este presidente que no quieren su compañía y menos, reconocerlo como líder mundial que dice ser.

Que este nuevo aniversario de la demencial toma del Palacio de Justicia, ideada y llevada a término por su grupo el M-19, nos haga tomar conciencia para expulsarlo de la Casa de Nariño en las votaciones del año venidero.