Eran previsibles las manifestaciones en favor y en contra de la determinación del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuando la mayoría de expertos y reconocidos juristas del país consultados ya habían expresado ampliamente las fallas técnicas, subjetivas y orden antijurídico en que había incurrido la juez Sandra Heredia en su veredicto condenatorio del pasado 28 de julio y sobre lo cual el entonces ministro de Justicia, Montealegre, se había mostrado de acuerdo, llegándose al punto de sospechar su posible influencia en la redacción de tal fallo.

Igualmente previsible la reacción de Petro, para quien los únicos fallos o decisiones con los que se muestra de acuerdo son los que favorecen sus intereses y su ego, así sean contrarios a la ley y a la Constitución Nacional que ahora insiste en buscar cambiar, convocando a sus seguidores incondicionales a la recolección de firmas con tal propósito.

Ratifica su incoherencia cuando antes llamaba a proteger la justicia y ahora la ataca por este fallo. Olvida los oscuros mecanismos como el presunto pacto de la picota, la superación de topes de gastos en su campaña, procedencia de dineros de siniestros personajes, entre otros que lo tienen en el poder gracias a la aplicación de la democracia.

La justicia algún día debe primar, sobresalir y en cualquier caso imponerse. Y tanto en estos, como en el de las partes directa o indirectamente involucradas en el caso del expresidente Uribe, finalmente, luego de que la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia establezca su dictamen concluyente, quedará el caso en la conciencia de todos para que sea la justicia Divina la que dé la razón a unos o a otros. Es claro que los humanos nos podemos equivocar, pero nunca podremos engañar a nuestra propia conciencia.

Nuestro sistema de justicia tiene muchas fallas, incluidas sus mecanismos de investigación, de indagación, de acusación y las reformas diseñadas hasta ahora; buscando corregirlas, no han logrado los resultados esperados y menos blindarse de las interferencias políticas y subjetivas, pero hay que respetarla siempre.

El reto ahora es acatar la decisión del poder judicial, evitando desde la Presidencia y otras instancias, acudir a nuevos mecanismos de polarización que tanto daño le hacen a la democracia e institucionalidad colombiana, máxime cuando estamos ad portas de un proceso electoral bajo circunstancias inéditas en nuestra historia, con un régimen gubernamental que pretende continuar aferrado al poder, así sea cambiando en último momento las reglas de juego establecidas.

Para Petro, el restablecimiento de inocencia para su contendor político, el expresidente Uribe es un golpe duro en tan nefastas intenciones y ahora buscará acudir a las bodegas presuntamente financiadas con recursos públicos para tal finalidad. Esto ha quedado claro en el presupuesto que para el año entrante le aprobó el Congreso, con apreciable incremento en el rubro para gastos de funcionamiento y por ende de mayor burocracia que aliente las aspiraciones electoreras de sus más cercanos amigos.