Imposible lograr que el Gobierno y la dirigencia sindical entiendan la inconveniencia de un ajuste del salario mínimo sin considerar criterios técnicos de carácter inflacionario, productividad, de la alta informalidad de nuestra economía, solo con criterios políticos y personales.
Ni siquiera la experiencia con efectos negativos de la última reforma laboral sobre el sector productivo y la cantidad cada vez más reducida de trabajadores que en nuestro país conservan el privilegio de contar con empleo al menos de salario mínimo legal más prestaciones y beneficios de la legislación vigente.
Natural que todos aspiren a ganar más por su trabajo, pero también debieran propiciar la forma que el sector productivo se lo pueda ofrecer sin tener que bajar gastos reduciendo personal, renunciando a proyectos de crecimiento y expansión para generar más empleo o incrementando precios de productos y servicios en detrimento del consumidor, entre tantas otras medidas forzosas para asegurar su permanencia en el mercado.
A la informalidad, alejarle la posibilidad de extenderse a mercados que exigen estar formalizados con sus registros mercantil y de ley para negociar con ellos, correr el riesgo de incumplir la ley pagando salarios por debajo del mínimo, exigiendo a sus trabajadores horario extendido por encima del permitido sin el reconocimiento del tiempo extra, recargos nocturnos dominicales o festivos e incluso negociando la liquidación en casos de retiro por la causa que sea, justificada o no justificada, entre tantas otras circunstancias, al enfrentar la realidad de resistir o terminar con su negocio.
A las personas que deben someterse a esta situación, solo les queda la alternativa de tomar el trabajo bajo tales condiciones frente a sus necesidades particulares de subsistencia o simplemente dejarlo y seguir afrontando la dura realidad del desempleo.
Ni el Gobierno, ni los sindicatos parecieran escuchar la voz de los 115 expertos que en días pasados le hicieron llamado a la mesa tripartita para que llevasen a cabo una discusión “responsable” y yo diría sin egoísmos, pensando también en los millones de compatriotas que deben laborar sin los privilegios que ellos ostentan o que no tienen trabajo. El exceso del incremento en el salario mínimo les continuará cerrando las puertas a millones de personas al mundo laboral y a más empresas informales, micro y pequeñas para sostenerse.
Según el DANE, en Colombia solo 2.4 millones de trabajadores perciben salario mínimo, sobre 26 millones de la población económicamente activa. De 3.7 millones del 2024, en lo que va del presente año, 1,3 millones de personas pasaron a ganar menos de un salario mínimo. Y aunque el desempleo en los últimos meses del 2025 mostró cifra de un solo dígito, es evidente la influencia del sector público con alta generación de burocracia improductiva y órdenes de prestación de servicios con fines políticos. Igual el trabajo de independientes en la informalidad, bajo las precarias condiciones que afrontan.
En conclusión, lo expuesto, poco a nada parece importar a los pocos privilegiados que solo piensan en sus bolsillos y nada en los demás.