Foto | EFE | LA PATRIA Abelardo de la Espriella denuncia “montaje burdo” del Gobierno en su contra.

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Abelardo de la Espriella denuncia “montaje burdo” del Gobierno en su contra.

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EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

La campaña presidencial en Colombia atraviesa un momento tenso a menos de dos meses de las elecciones del 31 de mayo, en medio de denuncias de persecución política, cuestionamientos al Gobierno y llamados a la vigilancia internacional.

El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella denunció ayer lo que calificó como un “montaje burdo” en su contra, luego de que el presidente, Gustavo Petro, hiciera referencia a presuntos informes de inteligencia sobre interceptaciones ilegales.

La polémica se originó en un mensaje publicado por Petro en la red social X, donde defendía el nuevo modelo de pasaporte colombiano en medio de críticas por la terminación del contrato con la empresa Thomas Greg & Sons.

En ese contexto, el mandatario mencionó supuestos diálogos entre De la Espriella y los hermanos Bautista, vinculados a dicha empresa, en los que, según dijo, se discutiría la devolución del contrato a cambio de mecanismos que favorecerían su candidatura presidencial.

Petro afirmó que estos datos provenían de informes de inteligencia, lo que desató una fuerte reacción del equipo de campaña del candidato opositor.

En un comunicado, la campaña de De la Espriella rechazó “de manera categórica” la veracidad del documento, señalando que carece de credibilidad y que evidencia un intento de manipulación desde el poder.

Asimismo, exigió a la Dirección Nacional de Inteligencia que aclare si dicho informe fue realmente producido por esa entidad y, de ser así, a quiénes se les ha entregado.

El candidato también negó conocer a las personas mencionadas en el supuesto informe y aseguró que no se dejará intimidar por lo que considera ataques políticos.

Su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, respaldó estas denuncias y advirtió que lo ocurrido representa una amenaza directa a las garantías democráticas.

Restrepo afirmó que no se trata de un hecho aislado, sino de una señal de alerta sobre el uso indebido del poder estatal en plena contienda electoral.

 

A instancias internacionales

En paralelo, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, elevó la preocupación al plano internacional mediante una carta enviada a distintos organismos.

El documento fue dirigido al secretario general de la ONU, António Guterres; al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; y a la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Nancy Hernández.

En la misiva, Valencia solicitó acompañamiento especial para garantizar elecciones libres y transparentes en Colombia.

La candidata expresó su inquietud por la reciente decisión de la Fiscalía de suspender órdenes de captura contra 23 miembros de organizaciones criminales.

Dicha medida hace parte de los llamados “Espacios de Conversación Sociojurídicos” impulsados por el Gobierno dentro de su política de “paz total”.

Según Valencia, aunque algunos de estos individuos permanecen privados de la libertad, la decisión envía un mensaje preocupante tanto a la ciudadanía como a los grupos armados.

Advirtió que en territorios controlados por estas organizaciones podría haber presión sobre los votantes para favorecer al candidato oficialista, Iván Cepeda.

Por ello, insistió en que la comunidad internacional debe supervisar de cerca el proceso electoral para asegurar condiciones de equidad.

El contexto se vuelve aún más delicado por antecedentes recientes de violencia política, como el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, que elevó las alertas sobre la seguridad electoral.

 

Defensoría pide priorizar agenda de derechos humanos

La Defensoría del Pueblo pidió ayer a los candidatos a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo asumir una agenda de “decisiones impostergables” en materia de derechos humanos, al advertir que persisten crisis estructurales en el país que “no admiten más aplazamientos”.

“Se trata de unas mínimas e ineludibles exigencias relacionadas con asuntos que no admiten aplazamiento sin comprometer gravemente la protección efectiva de los derechos humanos”, señaló la defensora del Pueblo, Iris Marín, durante una rueda de prensa en Bogotá.


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